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Eric Gorski of Chalkbeat Colorado
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Legisladores demócratas, grupos de defensores de victimas, abogados y la Iglesia Católica Romana se enfrentan uno al otro en una batalla sobre si debe ser mas facil para que las victimas de abuso sexual demanden a iglesias e instituciones privadas en Colorado.

El esfuerzo para aflojar o volcar las leyes de prescripción para victimas en busca de justicia décadas después es una tapadera nueva en la crisis de abuso sexual por el clero católico.

Cuatro años después que inició el escándalo, legisladores en una manada de estados están considerando tales reformas y sintiendo la resistencia de la iglesia.

Pero el argumento de la iglesia en Colorado parecer ser novedoso: que no es justo poner a la iglesia y compañías no lucrativos privados a un estándar distinto a las escuelas publicas, que, bajo inmunidad de gobierno, es más difícil demandar bajo ley estatal.

”Estamos alegando que todos sean puestos a un estándar mas estricto”, dijo Tim Dore, director ejecutivo del Colorado Catholic Conference, el brazo presionista para tres de las diócesis estatales. “El abuso de niños es el abuso de niños. Debe ser tratado lo mismo, sea en una institución privado o publico. Esto es un asunto de sociedad”.

Proponentes de tres leyes de prescripción en la legislatura lo llaman una pista falsa un intento de alejarse de los problemas de la iglesia y discutir un debate sobre la justicia para las victimas.

”Es desafortunado si lo que dicen es, otros se han salido con la suya, ¿por qué no vas detrás de ellos?’”, dijo la presidenta del Senado, Joan Fitz-Gerald, proponente de una propuesta que abrirá una ventana de dos años para demandas contra las entidades privadas, no importa que tan viejo sea el incidente.

Las declaraciones publicas de la iglesia sobre la legislación están quedando con la creencia del arzobispo de Denver, Charles Chaput, que los católicos se les piden mostrar su fe en la cuadra publica.

En una correspondencia leído por los pulpitos el fin de semana pasada, Chaput llamó la legislación “injusta, sin igualdad y prejudicial”, y anti-católico.

Chaput rechazó una solicitación de entrevista esta semana.

Bajo ley de Colorado, victimas de abuso sexual en las escuelas publicas deben someter un aviso de demanda dentro de 180 días después del incidente, y que los daños estén limitados a los $150,000. Generalmente, las victimas tienen hasta los 24 años para demandar iglesias y grupos privados, y limita los daños que no existieron en muchos casos.

Fitz-Gerald, quien es católica, dice que fue motivada por las alegaciones contra el clero católico de Colorado, pero su propuesta no pone en el blanco a cierto grupo. La legislación sería aplicada a las guarderías, iglesias y grupos como los Boy Scouts.

”Si la iglesia católica le importara hacer cambios en las leyes actuales, ¿por qué no nos han presionado para cambiarlo antes de esto?” dijo Alice Madden, demócrata de Boulder y proponente de la propuesta de Fitz-Gerald. “No voy a mimar los pedófilos, no me importa por quien trabaja”.

Hasta el momento, ninguna otra iglesia u organización privada se han opuesto a la legislación.

Colorado da razones para la inmunidad soberanía: que los cuerpos públicos proveen funciones esenciales publicas que pudiese ser interrumpidos o hechos caros para que los tributarios si se exponen a responsabilidades sin limites. La doctrina no escude empleados públicos en los casos de “conducta malintencionado y lascivo”.

”Entendemos la inmunidad gubernativa”, dijo Dore. “Pero el corazón del asunto es, si un niño es abusado en una institución publica o privada, ¿son distintos de uno al otro?”

Otros factores se les deben dar consideración, dice Barbara Blaine, presidenta del Survivor Network of those Abused by Priests, una red clave en presionando estados en cambiar sus leyes.

Cualquier ciudadano puede pedir los récordes públicos para buscar información acerca de casos de abuso en las escuelas publicas, dice.

Pero a causa de la iglesia no disponiendo detalles sobres sus curas acusados, nadie en Colorado supo el alcance del problema hasta que las victimas se declararon el verano pasado, ella dijo. Desde entonces, mas de dos decenas de demandas han sido sometidos, acusando la arquidiócesis de proteger y reasignar curas conocidos de ser delincuentes.

”En el sector publico, existe el sistema de frenos y equilibrios”, dice Blaine. “Las escuelas operan en una democracia. Los obispos se comportan como una monarquía. La responsabilidad no cae a ninguno”.

En un testimonio sobre una propuesta la semana pasada, la iglesia intentó reforzar su argumento que el abuso sexual y la falta de conducta en las escuelas publicas es un problema mas grave que en las iglesias.

Uno de los testigos fue Patrick Chappell, del Holy Family High School, estudiante de una escuela publica cuando fue abusado. No fue abusado en la escuela, sino que fue victima de su empleador, un conocido miembro del panel escolar en Estes Park, quien después fue declarado culpable.

”No creo que es una buena idea cambiar nuestro sistema legal”, dijo Chappell en una entrevista. “No creo que la curación verdadera llega de corretear la persona quien abuso de ti hace 30 años”.

Un estudio federal del 2004 sobre el abuso sexual en las escuelas publicas encontró que 6.7 por ciento de estudiantes declararon ser abusados por un maestro, dijo Charol Shakeshaft, un profesor de Hofstra University quien testificó para la iglesia la semana pasado.

Al mismo tiempo, Shakeshaft dijo en una entrevista, es imposible decir si el abuso es frecuente en un sitio mas que otro porque existe pocos datos confiables sobre escuelas, iglesias y organizaciones juveniles.

Dice que apoya levantar las barreras en demandar las entidades publicas y privadas porque una estudios muestran que las victimas necesitan años para encontrar las fuerzas para declarar públicamente.

Expertos dicen que los niños se les abusa mas frecuente en casa.

Sin embargo, las escuelas publicas no son exentos a las demandas, dice Tom Roberts, un abogado representando los demandantes contra la arquidiócesis. Las escuelas se les pueden demandar bajo el Civil Rights Act si un abusador conocido se muda de escuela a escuela, dice Roberts.

”No es como si hubiese un capullo alrededor de los distritos escolares tanto que no puede recuperar daños bajo cualquier circunstancia”, dijo Lauren Kingsbery, consejera legal para el Colorado Association of School Boards.

Pero Martín Nussbaum, un abogado de Colorado Springs trabajando con el Catholic Conference, contestó que haciendo un caso uno de leyes civiles sería un estrecho legal, especialmente con casos antiguos.

”Tenemos una gran industria que esta preparado en hacer millones de dólares demandando entidades por haber fallado en proteger los niños”, dijo. “Si hay esa manada de demandantes potenciales, ¿dónde están las demandas?”

Se puede comunicar con el escritor Eric Gorski al numero 303-820-1698 o al egorski@denverpost.com.

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