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Nick Williams, salesman at Dave's Guns, 1842 S. Parker Road in unincorporated Arapahoe County, shows an AR-15, one of the assault weapons that Denver can continue to regulate after a split ruling Monday by the Colorado Supreme Court.
Nick Williams, salesman at Dave’s Guns, 1842 S. Parker Road in unincorporated Arapahoe County, shows an AR-15, one of the assault weapons that Denver can continue to regulate after a split ruling Monday by the Colorado Supreme Court.
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La ciudad de Denver puede regular las armas de asalto, “pistolas baratas” y el cargar de armas abiertamente debido a un punto muerto de 3-3 el lunes en la Corte Suprema de Colorado.

La escisión rara vino tras una demanda sometida por la ciudad de Denver en contra del estado de Colorado y el gobernador Bill Owens. La ciudad reclamó que la legislación dogmática de armas aprobada por la legislatura estatal en 2003 reemplazó inconstitucionalmente mucha de las ordenanzas de armas de Denver.

Dos jueces del juzgado de distrito en Denver – Joseph Meyer y Lawrence Manzanares – habían dictaminado que aunque la legislación estatal si y pudo anular algunas de las ordenanzas menores de Denver, la ciudad aun tenia el derecho de prohibir ciertas armas. Estas incluyen las armas de asalto como el Colt AR-15, MAC 10, Uzis, todos los modelos de las armas Avtomat Kalashnikovs (AK) y algunos revólveres.

La decisión dividida de la Corte Suprema significa que Denver pueda aplicar sus propias leyes de armas de fuegos para gobernar estas armas, las cuales no sido realizadas por la ciudad durante la litigación.

David Broadwell, el asistente abogado de la ciudad, dijo que Denver ha estado esperando para la resolución de su reto legal al estado antes de moverse adelante con su aplicación.

En las próximas dos semanas, dijo Broadwell, el despacho del abogado de la ciudad consultará con el alcalde, el Consejo de la Ciudad y el gerente de la seguridad pública para que decidan si aplicarán las leyes.

“Suspiraremos y veremos el terreno que pisaremos”, dijo Broadwell.

El esfuerzo del estado para reemplazar las leyes de armas de Denver fue algo raro, agregó Broadwell. “La legislatura ha intentado a erradicar la regulación municipal en esta área en los tiempos recientes”, dijo Broadwell.

Tras demandar para prevenir el estado de reemplazar sus propias leyes, Denver fue demandado por un residente de la ciudad, John Sternberg, buscando a aplicar las leyes estatales. Mientras tanto, el estado apeló la decisión del juzgado del distrito a la Corte Suprema.

Anne Gill, la abogada quien representa a Sternberg, dijo que estaba decepcionada por la decisión dividida de la Corte Suprema.

“Estamos intentado a defender las leyes estatales, las cuales dijeron que la ley estatal podría reemplazar la regulación local, así para que hubiere leyes uniformes de armas a través de Colorado”, dijo Gill. “Nuestra posición es que las leyes de armas son un asunto de interés a través del estado y que hay un gran beneficio en tener uniformidad sobre las leyes de armas a través del estado”.

Gill y Sternberg ya han discutido sobre las opciones, incluyendo el llevar el caso a la Corte Suprema de los EE.UU. y proponer una nueva legislación a la Asamblea General.

Gill y Kristen Hubbell, portavoz para el despacho del fiscal general del estado de Colorado, estaban satisfechos que parte de la ley estatal, la cual estableció un sistema de permisos para armas ocultas, aun estaba en su lugar.

La decisión rara de 3-3 surgió porque Allison Eid, la nueva Justicia de la Corte Suprema, había alegado el caso como la procuradora general de Colorado y por eso fue descalificada de votar sobre el asunto.

Los jueces Mary Mullarkey, Gregory Hobbs y Alex Martínez votaron para defender a Meyer y Manzanares mientras que los jueces Michael Bender, Nancy Rice y Ben Coats dijeron que las decisiones deben de ser revocados.

Los abogados dicen que la escisión significa que Colorado aun no tiene una decisión de apelación gravemente necesitada sobre si las leyes estatales aprobados en el 2003 matan con triunfo las ordenanzas de armas en ciudades de autonomía política como Denver.

“Estábamos preparados para que la corte baje de una manera u otra y luego implementar cualquier decisión final. La meta fue la claridad legal”, dijo Broadwell. “La claridad legal final solo se provee por las cortes de apelación y no lo recibimos debido al punto muerto”.

De hecho, tanto Broadwell como Gill creen que el asunto será litigado de nuevo en el futuro más probable si Denver decide en aplicar una de las ordenanzas refutadas.

Se puede comunicar con el escritor Howard Pankratz al número 303-820-1939 ó al hpankratz@denverpost.com.

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