El lunes la Corte Suprema de Colorado emitió el fallo de no permitir a la iniciativa propuesta de eliminar los servicios estatales a los inmigrantes ilegales llegar a la votación de noviembre, dispensando pues un enorme revés a un esfuerzo de tres años de llevar la propuesta ante los votantes.
Emitiendo el fallo sobre lo que los partidarios llamaron “un tecnicismo,” no obstante la decisión era crucial, sugiriendo que los efectos de la medida eran tan amplias que podría prevenir a los inmigrantes ilegales conseguir el título de propiedad que han comprador o tener acceso a las cortes civiles.
La decisión encolerizó a los oponentes de la inmigración ilegal, quienes dirigieron su enojo a la corte pero luego prometieron preguntarle inmediatamente al organismo de reconsiderar su decisión, la única opción disponible para llevársela ante los votantes antes del 2008.
Es probable que el impacto de la decisión se extienda más allá de Colorado, dicen los analistas, mientras los activistas en varios estados están empujando unas iniciativas similares para presionar los legisladores federales a tomar medidas más duras contra los aproximados 12 millones de inmigrantes ilegales en el país.
Los oponentes a la medida – quienes prometieron hacer lo que fuera necesario para derrotar a la propuesta – dicen que el esfuerzo realizado (a favor de la medida) de costa a costa ha recibido un revés serio y que los contribuyentes en Colorado se han salvado de pagar costos ocultos y se han ahorrado unas consecuencias peligrosas fortuitas.
“Asumamos que usted está manejando el camión de basura en un callejón de Denver, Colorado. ¿Va a tener que decidir de qué casa va a recoger basura y de cuáles no?” preguntó Federico Peña, el ex-alcalde de Denver que ha liderado la lucha en contra de la medida.
Peña dijo que bajo las provisiones de la medida prohibiendo todos los servicios menos los de emergencia a aquellos sin documentos, todo, desde vacunas escolares hasta la entrada a centros recreativos, podría ser sometido a verificación de la ciudadanía.
“Esta enmienda no fue delineada cuidadosamente, y creo que quizás fue hecho así intencionadamente para que la gente no pudiera entender cuán molesto habría sido esto,” dijo Peña.
En este punto del proceso de iniciativas, la corte sólo puede emitir un fallo sobre la cuestión específica o si se ocupa de un tema individual, un requisito de la Constitución estatal. La corte encontró que la iniciativa trataba con al menos dos temas: reducir los gastos de los contribuyentes que beneficiarían a los inmigrantes indocumentados y el negar los servicios administrativos a ese grupo.
Pero los expertos dicen que la decisión también fue inusual en varias maneras importantes.
En un punto el autor, el juez Alex Martínez, también sugirió que la iniciativa no se podría hacer cumplir y posiblemente sería inconstitucional, críticas que son más que procésales. Y la corte se tomó tres meses para publicar su fallo, bien pasada la fecha plaza para reformular el lenguaje de la iniciativa a tiempo para la votación de este noviembre.
Los partidarios de la iniciativa se aferraron a esos puntos y constaron que de los dos jueces republicanos nominados, uno – Nathan Coats – discrepó y la otra – Allison Eid – no participó en el caso. Todos los cuatro jueces en su mayoría – Martínez, Mary Mullarkey, Gregory Hobbs, y Michael Bender – fueron nominados por el gobernador democrático Roy Romer.
“Creo que quizás lo demoraron innecesariamente,” dijo Fred Elbel, un organizador de Defienda a Colorado Ahora (Defend Colorado Now).
Pero los jueces de Colorado no son los únicos que han tenido problemas con el alcance tan amplio de la iniciativa propuesta.
En Arizona, donde una iniciativa similar llamada Propuesta 200 (Proposition 200) fue aprobada en el 2004, el fiscal del estado emitió un fallo recientemente indicando que sólo se aplicaba a los servicios sociales, mientras los partidarios dijeron que debería de ir más lejos.
El éxito de las fuerzas anti-inmigración ilegal en Arizona condujo a una estrategia a escala nacional para pasar iniciativas con lenguaje similar a través del país. Colorado fue elegido como el próximo objetivo, según Wade Henderson, del Consejo de Liderazgo sobre los Derechos Civiles (Leadership Conference on Civil Rights) en Washington, porque se sabe que tiene una base fortísima de activistas anti-inmigración.
“Esta acción en Colorado tendrá un efecto domino más allá de sus fronteras estatales,” dijo Henderson. “Arizona fue un tiro a través del arco, pero Colorado fue visto como de más importancia de varias formas, en parte porque éste fue el primer esfuerzo tras Arizona para ver dónde a dónde iría todo esto, y en parte porque es el hogar de Dick Lamm y Tom Tancredo.”
El lunes, Tancredo, el republicano de Littleton y uno de los críticos congresionales más vocales sobre la política actual sobre la inmigración, denominó la decisión de la corte “una usurpación arrogante de las prerrogativas constitucionales de los ciudadanos.”
Otros partidarios estaban igualmente enfurecidos.
“Estoy tan enfurecido que ni con palabras lo puedo describir,” dijo el representante estatal, David Schultheis, un republicano que patrocinó un montón de proyectos de ley sobre la inmigración durante la sesión legislativa del 2006.
“Las cortes están ejerciendo el poder que no deberían de estar ejerciendo,” dijo.
El tema casi inmediatamente se convirtió en material para las campañas políticas de este año.
El candidato gubernamental del ilustre viejo partido republicano (Grand Old Party o GOP), Bob Beauprez, publicó un comunicado diciendo que si es elegido, trabajaría para imponer la prohibición de ciudades santuario en Colorado y para suprimir todos los beneficios de no-emergencia de los inmigrantes ilegales.
“Puede que la decisión de hoy sea una de las diferencias centrales entre mi oponente, el Sr. Ritter, y yo,” dijo Beauprez. “Absolutamente nominaré a jueces que veneren, respeten, y apliquen la ley – no inventarla.”
Un portavoz de Bill Ritter, el presunto candidato democrático a gobernador, rehusó comentar.
Por su parte, los organizadores de Defiendan a Colorado Ahora (Defend Colorado Now) dijeron que la cuestión tiene su propia fuerza de movimiento y no planean parar porque sea la decisión de la corte. El grupo ya ha recogido más de 30,000 y cerca de 68,000 firmas necesitadas para meterse en el voto, y los voluntarios continuarán buscar minuciosamente por todo el estado en los próximos días.
“Este contratiempo en un tecnicismo legal no reduce tremenda base popular de apoyo por parte de los votantes que dicen que ya está bien,” dijo John Andrews, el ex-legislador del estado y otro organizador de Defienda a Colorado Ahora.
“La voluntad de la gente no será negada de por vida,” dijo.
Se puede comunicar con el escritor Michael Riley al 303-820-1614 ó al mriley@denverpost.com.
