Los legisladores regresan a Denver la próxima semana con una solución incierta, en busca de un problema que no está nada claro.
El gobernador Bill Owens ha ordenado que los legisladores traten el problema de los inmigrantes ilegales, en una rara sesión especial que empezará el 6 de julio.
Específicamente, el gobernador está pidiendo a los legisladores que curven los gastos de servicios que benefician a los estimados 250,000 inmigrantes ilegales que viven en el estado.
Pero él no puede decir cuanto está gastando su administración en tales servicios; y él acusa a la Corte Suprema de Justicia de Colorado de bloquear la investigación.
“Es uno de esos temas del cual estamos cansados de debatir y discutir en Colorado, pues la Corte no permite que este tema vaya en el papeleta de votación,” dijo Owens.
El gobernador alega que los debates de este caluroso verano pudieran revelar esta información. Pero el nunca había ordenado antes, que sus departamentos de estado le provean de tal información.
Un análisis reciente por parte del Concejo Legislativo Independiente, dijo que Colorado gasta cerca de $200 millones en servicios federales obligatorios, tales como emergencias médicas y educación para los inmigrantes ilegales.
Pero las agencias estatales no llevan cuenta de estos servicios.
Luego de repetidas llamadas la semana pasada, los funcionarios de los departamentos estatales de servicios humanos, salud pública y medio ambiente no pudieron dar un costo estimado de gastos. De manera similar, los departamentos de trabajo, empleo, y de finanzas dijeron que ellos no llevan cuenta de los inmigrantes ilegales.
La Comisión de Educación Superior de Colorado dijo que estudiantes de universidades y escuelas estatales deben estar legalmente en el país, antes de calificar para ayudas en las pensiones escolares, así como otros beneficios ofrecidos a residentes.
Otro problema es que ningún grupo ha llevado la cuenta de cuanto gastan en inmigrantes ilegales, las ciudades, escuelas del distrito, bibliotecas y otras agencias locales,
Sin estos datos, es imposible evaluar el alcance del problema. Ante esta circunstancia el argumento se vuelve hacia el principio de que el dinero está siendo desviado de los residentes legales a los inmigrantes ilegales.
Esa es la manera como los legisladores estructuraron el debate en Georgia, el mismo que a principios de años paso una ley que algunos líderes de Colorado están buscando tomar como modelo.
El senador republicano, Chip Rogers, quien auspició la ley de Georgia, dijo que la legislatura nunca completó una investigación profunda en cuanto a costos.
“Nosotros nunca hablamos acerca del tema en dólares,” dijo Rogers. “Nosotros enfatizamos el hecho de que cada vez que damos $1 a alguien que no está calificado para recibirlo, le quitamos un $1 a alguien que sí esta calificado.”
Owens dijo que él no tiene la respuesta: “Por un lado, yo escucho a oponentes decir que esto sólo va a ser simbólico y que nada en realidad va a cambiar, que nada esta sucediendo.”
“Pero por otro lado, escucho a oponentes decir de esta misma iniciativa, que es algo que va a terminar con la civilización como nosotros la conocemos. Que necesitamos tener un debate”
El presidente de la Cámara de Representantes, Andrew Romanoff demócrata de Denver, dijo que la legislatura buscará respuestas de los jefes de departamentales si es que Owens no les provee de los datos necesarios. “El gobernador nos dice que quiere ser parte de la solución, pero sólo hemos recibido señales mixtas de él.”
Al mismo tiempo que los legisladores están luchando para comprender cuanto gasta el estado en los inmigrantes ilegales, el hacer cumplir cualquier otra nueva ley va a costar millones.
En el 2005, el representante republicano de Colorado Springs, David Schultheis, patrocinó una ley que corta los beneficios para los inmigrantes ilegales. Los funcionarios del estado estimaron que el hacerlo tendría un costo de $ 3.4 millones, pues habría que emplear a 87 empleados a tiempo completo para hacer cumplir tal ley.
Los legisladores debatirán la próxima semana propuestas para tratar de resolver el problema de los empleadores que emplean a inmigrantes ilegales.
Para eso, están mirando hacia la ley de Georgia que impide que empleadores se beneficien de ciertas deducciones en sus impuestos, sí es que emplean a inmigrantes ilegales.
La Ley de Georgia también impone un 6 por ciento de retención de impuestos a los trabajadores que no tienen números validos de identificación de impuestos.
La ley de Georgia fue le fuente de una tregua entre los grupos Defiende Colorado Ahora y Mantengamos Seguro a Colorado – grupos en lados opuestos de la iniciativa acerca de inmigración ilegal.
Owens no ha aceptado a la ley de Georgia como una solución. Si no más bien, está pidiendo a los legisladores que la consideren como otra opción.
Owens ha sugerido que los empleadores sufran multas más fuertes por presentar documentos fraudulentos para trabajadores ilegales.
Romanoff dijo que la propuesta de Owens es “una manera creativa” y “definitivamente hay que explorarla.”
En última instancia, el enfoque debe ser prohibir que los empleadores contraten inmigrantes ilegales, él dijo.
“Nuestro trabajo debe tener como meta los empleadores, no el hacer que las bibliotecas caigan en bancarrota,” dijo Romanoff. “Ellos están por los trabajos, no por los libros.”
Owens, mientras tanto dice que un cambio en la ley estatal puede ser aceptable, aun cuando el preferiría límites que estén dentro de la Constitución del estado: “Sólo voy a ser gobernador por seis meses más, así que cualquier cosa que la administración Owens decida hacer en cuanto a ciertas políticas, podría ser cambiado en la próxima administración.”
La escritora Karen E. Crummy contribuyó a este reportaje.
Se puede comunicar con el escritor Mark P. Couch al 303-820-1794 o al mcouch@denverpost.com.
Servicios Estatales
Colorado gasta por lo menos $200 millones al año en servicios que benefician a los inmigrantes ilegales; de acuerdo con registros estatales oficiales. Partidarios de la iniciativa Defiende a Colorado Ahora indican alegan que el estado gasta $1 billón al año; en cambio los oponentes dicen que el costo es indeterminado. La mayor parte de los costos no son conocidos o es imposible determinar que costos corresponden al estatus de inmigración. He aquí algunos ejemplos:
Kindergarten – 12 avo. grado de educación pública: $157.9 millones en el año fiscal 2003-04
Servicios de emergencia: $ 30.9 millones presupuestados para el año fiscal 2006-07
á: $28.1 billones en el año fiscal 2003-04.
Cuidado infantil y otros programas: $460,606 en el año fiscal 2005-06
Pensiones universitarias: Inmigrantes ilegales no califican para descuentos de pensiones para residentes.
No conocidos: Socorro para desastres, diagnóstico y tratamiento de enfermedades contagiosas, protección policial y de bomberos, caminos, prevención de violencia y abusos, sanidad, seguro de desempleo, programas en contra de abuso de substancias, educación para adultos, alfabetización, servicios de protección a los consumidores, programas de nutrición para infantes, programas para niños con necesidades especiales, planificación familiar, etc.
Fuentes: Concejo Legislativo de Colorado, Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, Oficina del Fiscal General del Estado, Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, Departamento de Servicios Humanos de Colorado.
