Los legisladores demócratas y el gobernador republicano, Bill Owens, llegaron a un acuerdo ayer lunes, sobre un pacto para convertir las leyes de inmigración en Colorado las más duras en toda la nación, forzando a 1 millón de coloradeños probar su residencia para poder conseguir la mayoría de la ayuda estatal y federal.
La propuesta, preparada para entrar en vigencia el 1 de agosto, no iría a los votantes, incitando las quejas de muchos republicanos diciendo que su gobernador abandonó sus cimientos.
Owens, quien denunció este sábado pasado que la propuesta de los demócratas sobre el reprimir drásticamente los inmigrantes ilegales era muy endeble, lo aceptó ayer, lunes, con algunos cambios tras un día de negociaciones exhaustivas y entre bastidores con los líderes legislativos.
Tanto el Senado como la Cámara retrasaron repetidamente el debate yendo de unas oficinas a las otras entre la primera y la segunda planta del Capitolio.
Alrededor de las 17:30 horas de la tarde, la Presidenta del Senado, Joan Fitz-Gerald, D-condado de Jefferson, y el portavoz de la Cámara, Andrew Romanoff, D-Denver, enfilaron hacia la oficina de Fitz-Gerald para una rueda de prensa para anunciar el acuerdo.
“Por última vez, espero,” dijo Fitz-Gerald, tan cansada y frustrada como los legisladores que prepararon sobre unas cinco horas adicionales de debate que concluyeron en una sesión especial de cinco días.
El acuerdo restaura un programa de verificación federal como la base para chequear el estatus de residencia legal de los aplicantes a los beneficios financiados por el público.
Owens dijo poder apoyar el proyecto de ley después que los legisladores concuerden en endurecer algunas provisiones del Proyecto de Ley número 1023 de la Cámara, el cual requeriría pruebas que los aplicantes para la obtención de servicios financiados por los contribuyentes son residentes legales en el estado.
Owens dijo: “El Proyecto de Ley número 1023 de la Cámara es casi indiscutiblemente una de las medidas más fuertes de su categoría en el país. En cierto sentido, ya podemos ver quién está a favor de la reforma de la inmigración en ambos partidos.”
El Senado votó 22-13 para aprobar el proyecto de ley. Cuatro demócratas se unieron a los republicanos en votación en contra del proyecto de ley. La Cámara votó 48-15 a favor del proyecto de ley.
Owens calculó que el proceso de identificación podría remover a casi 50,000 inmigrantes ilegales de las listas para recibir beneficios públicos.
Se calcula que hay unos 250,000 inmigrantes ilegales en la población de 4 millones de personas de Colorado.
Cuando Owens arrojó su apoyo tras el proyecto de ley enmendado, arremetió contra las esperanzas de muchos legisladores republicanos que querían forzar la cuestión a la votación (de noviembre).
Muchos de ellos creen que una medida de votación restringiendo beneficios a los inmigrantes ilegales conducirían a los votantes con una mentalidad republicana a los puestos de votación y ayudar a sus candidatos en las elecciones.
Owens dijo que los legisladores republicanos descartaron la propuesta que él negoció con los demócratas para añadir una declaración a otra medida que está yendo a la votación.
Esa medida le permite a los ciudadanos decidir si dirigen al fiscal general a demandar al gobierno federal para endurecer las leyes de la inmigración. Los demócratas se pusieron de acuerdo en enmendar el proyecto de ley para declarar que la política pública de Colorado sería la de proveer pruebas de su residencia legal.
Los republicanos legislativos rechazaron la enmienda como una declaración sin valía.
El gobernador culpó directamente a los republicanos legislativos por cambiar sus actitudes a lo largo del día.
“Creí que mi partido quería poner algo en la votación,” dijo Owens, “y obtuve permiso para hacerlo, y luego decidieron que no era precisamente lo que querían, y si no lo quieren en la votación, por mí está bien.”
Seguidas las negociaciones del lunes, los demócratas también dijeron que Owens concordó en firmar el Proyecto de Ley número 1017 de la Cámara, el cual requeriría a los empleadores atestar que han verificado el estatus legal de sus empleados.
Ambos bandos se pusieron de acuerdo que el estado deberá demostrar que los negocios mostraron “una negligencia imprudente” por la ley antes de ser penalizada.
La norma fue un compromiso entre la norma inferior que los negocios deberían de saber y la norma más-difícil-de-probar de “a sabiendas.”
El Proyecto de Ley 10128 de la Cámara que Owens apoyó fue machacado en el comité. Este hubiera requerido a los empleadores preguntar a los posibles empleados una identificación de Colorado. Fitz-Gerald llamó a este proyecto de ley “un obstáculo al desarrollo económico de Colorado.”
Las industrias de esquí y de agricultura presionaron en contra del proyecto de ley porque dependen de trabajadores extranjeros para llenar sus empleos veraniegos.
“He ido a la pared por ello, y creo que si hablan a cualquiera de los legisladores, les dirá eso mismo,” dijo Owens. “He hablado muy específicamente con cada empresario que lo han discutido conmigo y les dije que estoy muy a favor de ello.”
Pero el Rep. republicano, Al White, el patrocinador del Proyecto de Ley 1018 de la Cámara, dijo a sus colegas republicanos que Owens apoyaba este proyecto de ley hasta que los empresarios le dijeron que el precio de una casa podría ascender un 5 por ciento porque algunas constructoras podrían perder a trabajadores (inmigrantes) ilegales.
“Eso me dice que los negocios en Colorado no son serios en cuanto a eliminar la inmigración ilegal en este estado,” dijo White. “Y si ese es el caso, esta sesión especial es más que una mentira.”
La Rep. Lynn Hefley, R-Colorado Springs, dijo que la molestaba “cuando los empresarios vienen a hablar con el gobernador y le dicen lo que se tiene que hacer.”
Ella se estaba refiriendo al constructor residencial Larry Mizel, quien habló con Owens este domingo pasado.
“Sabemos, y aquí se nombraron nombres, quién vino y quién da grandes sumas de dinero al partido. También es mi partido, y vine para realizar un trabajo, y estoy avergonzada de nosotros,” dijo Hefley.
La periodista del Denver Post, Karen E. Crummy, contribuyó a este reportaje.
Se puede comunicar con el escritor Mark P. Couch al 303-820-1794 ó al mcouch@denverpost.com.
Provisiones del Proyecto de Ley 1023 de la Cámara
¿Cómo podría un aplicante recibir asistencia pública?
Los aplicantes para recibir beneficios financiados por los contribuyentes deberían de demostrar que son ciudadanos de los EE.UU. o residentes permanentes legales. También se les requeriría firmar un affidávit atestando su estatus legal.
Se requeriría a los aplicantes enseñar uno de los siguientes:
Una licencia válida de conducir de Colorado o una tarjeta de identificación de Colorado
Una tarjeta militar de los EE.UU. o una tarjeta de identificación de los dependientes militares.
Una tarjeta de Guardacostas de Mercader Marino de los EE.UU.
Un documento de una tribu Indígena.
¿Qué es la penalización?
Si un aplicante firma un affidávit falsamente, él o ella se enfrentaría a un cargo menor de perjurio en segundo grado.
Cada ofensa cargaría una penalización máxima de 18 meses en la cárcel, una multa de $5,000, o ambos, y una penalización mínima de hasta seis meses en la cárcel, una multa de $500, o ambos.
¿Qué sería restringido?
Cualquier jubilación, asistencia social, salud, incapacitad, alojamiento asistido o público, educación pos-secundaria, asistencia alimenticia, beneficios de desempleo, o cualquier pago similar.
El proyecto de ley también suprimiría cualquier subvención, contrato, préstamo, licencia profesional o comercial ofrecida por una agencia del estado o gobierno local.
¿Qué sería excluido?
No se requeriría verificación para lo siguiente:
Asistencia médica de emergencia
Socorro en desastres a corto plazo
Vacunas y tratamientos de enfermedades contagiosas
Servicios ofrecidos a un nivel local tal y como tratamientos de alcohol y drogas, tratamiento de salud mental, alojamiento a corto plazo, asesoramiento psicológico en crisis (crisis counseling), y cocinas de sopas no condicionadas a un nivel de ingresos y necesario para subsistir o seguridad como lo determina el fiscal general de los EE.UU.
Cuidados prenatales
¿Cuándo entraría en vigor?
El 1 de agosto
¿En qué se difiere esta propuesta de la medida de votación patrocinada por los ciudadanos, la Iniciativa 55?
La iniciativa no habría listado los servicios que habrían sido restringidos de los inmigrantes ilegales, ni habría especificado los procedimientos para verificar el estatus de un inmigrante. En vez, habría dirigido a la legislatura a detallar esos servicios y procedimientos durante la próxima sesión legislativa a principios de este enero que viene.
La medida habría entrado en vigor en junio del 2007.
