Un día después que la legislatura aprobara lo que los líderes llaman el paquete de leyes de inmigración más duro en el país, la confusión reinó en las oficinas de los servicios sociales, unos cuantos partidistas vocales gritaron traición y puntuaciones políticas estaban siendo contados.
Los directivos de algunas agencias, que serán requeridos, a partir del 1 de agosto, en verificar el estatus legal de los residentes en busca de servicios, dijeron el martes que temen que la nueva ley empeore el proceso burocrático actual.
“Tendremos que poner a casos en espera, y el tiempo de los empleados para revisarlos será usurpado por el tiempo de servicio,” dijo José Mondragón, director del Departamento de Servicios Sociales del condado de Pueblo (Pueblo County Department of Social Services). “Está resultando cada vez más difícil el atender a la gente.”
Ayer martes, en el Capitolio, el desempeño realizado por el gobernador republicano, Bill Owens, y los líderes demócratas estaba siendo analizada.
Los legisladores demócratas – superados por Owens desde hace años en luchas políticas – finalmente ganaron una batalla, dijeron los observadores de hace tiempo de la política de los edificios de poderes legislativos.
“Es la danza política más interesante que he visto en mucho tiempo,” dijo el Rep. de los EE.UU., Tom Tancredo, R-Colorado. “Desde un punto de vista político y puramente partidista, los republicanos han perdido ésta (batalla).”
Los republicanos, en parte como un intento de incrementar la participación política de los votantes del Ilustre Viejo Partido Republicano Estadounidense (Grand Old Party o GOP) en las elecciones de noviembre, querían pedir a los votantes de imponer una prohibición constitucional sobre los servicios públicos para los inmigrantes ilegales.
Pero la mayoría demócrata frustró ese esfuerzo y, en vez, aprobó un proyecto de ley requiriendo a las agencias verificar el estatus legal de los solicitantes.
“Si se convierte en una iniciativa, es algo de que usted puede hablar durante toda la campaña. Si se encarga de ello a través de un estatuto, es una cuestión muerta,” dijo Michael Kanner, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Colorado en Boulder.
Los legisladores también aprobaron un proyecto de ley requiriendo a los empleadores verificar el estatus legal de los trabajadores. Y remitieron a los votantes dos medidas: una para eliminar un crédito fiscal de los salarios que los empleadores pagan a los trabajadores ilegales y otro pidiendo al fiscal general de demandar al gobierno federal para endurecer las leyes federales sobre la inmigración.
Owens se merece el crédito de convocar esta sesión especial y forzar a los demócratas a encarar este tema, dijo John Straayer, un profesor de ciencias políticas de la Universidad del Estado de Colorado.
“Owens puso a los demócratas entre la espada y la pared sobre esta cuestión,” dijo.
Pero los demócratas, liderados por la presidenta del Senado, Joan Fitz-Gerald y el portavoz de la Cámara, Andrew Romanoff, presentaron un frente unido sobre la reforma de la inmigración ilegal y un proyecto de ley apoyado por grupos en ambos lados del debate.
“Los demócratas no sólo han neutralizado el tema sino que han conseguido obtener una reputación de tener el control en el edificio del poder legislativo, y aprobado la medida más dura de inmigración en todo el país,” dijo Floyd Ciruli, el encuestador de Denver.
Lo que surgió fue un compromiso que el antiguo alcalde de Denver, Federico Peña y el antiguo gobernador, Dick Lamm – líderes de los bandos opuestos sobre la lucha por la enmienda constitucional – acordaron ser justa y sustantivo.
“Bajo nuestro sistema gubernamental, el voto de la gente es una válvula de seguridad y una medida de último recurso; no hay que hacer el trabajo de los demás cuando lo puede hacer la legislatura,” dijo Lamm.
Ambos partidos están luchando para el control del edificio del poder legislativo en noviembre – y unos cuantos escaños pueden hacer una gran diferencia. Pero la inmigración ilegal, una vez vista posiblemente como un tema de cuña en las encuestas, aparentemente ha sido neutralizada por el paquete de proyectos de ley.
“No hay duda alguna que es la cuestión No. 1 en mi distrito, pero la gente quiere más acción a escala federal,” dijo Matt Knoedler, R-Lakewood, quien está presentando su candidatura para obtener el escaño de la senadora demócrata Betty Boyd.
Pero muchos legisladores que no creían que iba a ser una cuestión esencial en sus distritos también dijeron que creían que la inmigración ilegal iba a ser utilizada por ambos lados para sacar sangre.
“Yo soy una de las razas clave como blanco. Van a utilizar todo lo que puedan en contra de mí,” dijo el Rep. Jim Riesberg, D-Greeley, quien está luchando una recusación del senador estatal Dave Owen.
Otros también se preocuparon sobre las implicaciones a largo plazo de un debate emocional que Peña dijo que a veces se volvía “racista.”
Teresa Ogu, cuyo marido es un inmigrante nigeriano y quien apoyó la enmienda constitucional para restringir los servicios a los inmigrantes ilegales, dijo sentirse traicionada por un compromiso que la depravó de un voto crucial.
“Estoy tremendamente desilusionada con todo el proceso,” dijo. “Creo que los demócratas han conseguido el éxito en sacar la cuestión del público para las elecciones venideras.”
Los periodistas del Denver Post, Mark P. Couch, Chris Frates, David Migoya, y Elizabeth Aguilera contribuyeron a este reportaje.
