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Chuck Plunkett of The Denver Post.
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Mucho antes de que se realicen las redadas federales a las plantas empacadoras de carne el mes pasado; la compañía Swift & Co. ya sabía que algunos de sus trabajadores habían asegurado sus trabajos, utilizando identidades robadas y que habían sido compradas en las calles.

Los investigadores de la oficina del fiscal del distrito del condado Weld, llamaron y visitaron la planta, queriendo hablar con cinco trabajadores los cuales eran sospechosos de robo de identidad.

La policía descubrió el fraude luego de que el Servicio de Rentas Internas sorprendió a personas de fuera de Colorado que estaban demandando que se les devuelva impuestos por ingresos ganados en Swift.

“Ellos dijeron, ‘Nunca hemos trabajado en Swift'”, dijo Ken Buck, Fiscal del Distrito del condado Weld.

El problema no solamente era en Greeley y el número de trabajadores ilegales en las plantas de Swift a través del país, proveyó un gran blanco para los agentes federales de inmigración.

Y aun cuando las redadas de diciembre a las seis plantas de Swift en seis estados, vinieron después de la dramática pérdida de los republicanos en el Congreso; los funcionarios dijeron que la redada de los trabajadores ilegales permitió el avance de las metas de la administración Bush, que eran enfatizar la necesidad de una renovación completa de las leyes de inmigración; incluyendo el programa de trabajadores invitados que permitiría a los negocios utilizar empleados extranjeros.

“Yo no he mantenido en secreto el hecho de que necesitamos establecer un programa comprensivo”, dijo Michael Chertoff, Secretario del Departamento de Homeland Security. Un vigoroso refuerzo dijo él, “clarifica las opciones que tenemos . Las opciones son claras y las consecuencias de esas opciones son claras también”.

Además de los cinco casos que su oficina descubrió directamente, la oficina de Buck también conoció que existen por lo menos 10 casos en los cuales la policía encontró que trabajadores ilegales estaban trabajando en Swift.

Swift dice que ha cumplido con las leyes, y es más ningún funcionario de Swift ha sido acusado.

Sin embargo, una preocupación por parte de la oficina de Buck se ha visto reflejada en otras jurisdicciones con las plantas de Swift; lo cual llevó a citaciones por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para revisar cientos de archivos con información de los empleados de Swift.

Al final del año pasado, Swift cuestionó a cientos de esos empleados. Cuatrocientos salieron de la compañía.

Las redadas también parecieron ser diseñadas para aplacar los ánimos de los legisladores republicanos, incluyendo algunos que representaban a los distritos donde operan las fabricas de Swift; y los mismos que estuvieron criticando a los funcionarios de inmigración por fallar en vigilar la mano de obra de inmigrantes legales.

Durante el año, comités del congreso mantuvieron audiencias en distritos que incluían las plantas de Swift. Mientras tanto, los agentes de inmigración empezaron a vigilar mas a través de todo el país, incluyendo una ronda de redadas en varios estados y en plantas productoras de tarimas de la compañía Ifco Systems.

Al realizar las redadas semanas antes de la Navidad y a un costo para Swift de $30 millones por pérdidas en producción y en gastos de capacitación para nuevos empleados; los funcionarios de inmigración presentaron una cruda realidad al Congreso.

Las redadas también expusieron las fallas en las herramientas que tienen el gobierno para investigar los antecedentes de los trabajadores ilegales, y está es una base de datos conocida como Basic Pilot. El programa solo verifica que el número del Seguro Social sea legitimo, y no si es que está siendo utilizado a cientos de millas de distancia.

Swift dijo a los comités del congreso, en dos oportunidades el verano pasado, que el programa Basic Pilot que no puede detectar fraudes. Un informe del gobierno también le dijo al Congreso la misma cosa. El Congreso peleó en cuanto a la ley de inmigración legal, pero dejo algunas leyes afuera que podrían haber resuelto algunos de los problemas.

“Lo que demuestra que una redada hace mas noticia que un reporte GAO”, dijo el senador republicano de Texas, John Cornyn, refiriéndose al reporte de la oficina de Government Accountability dado a conocer en junio del 2006, en el que indicó las fallas del programa Basic Pilot pero que no resultó en ninguna reforma. “Esto más bien ha llamado la atención de las personas hacia el verdadero problema”.

Al realizar una redada a una compañía como Swift, que voluntariamente utiliza el sistema Basic Pilot; el gobierno está enviando un mensaje a los empleadores de que no se puede confiar en este programa del gobierno.

“Nosotros seguimos las reglas”, dijo el abogado Don Wiseman. “Nuestros empleados no deberían haber sufrido estas indignidades”.

“Ellos están tratando de crear un gran impacto”, dijo Wiseman. “Ellos están haciendo indirectamente lo que no pueden hacer directamente”.

Casi hace 18 meses, el Fiscal del Distrito Buck hizo conocer a los funcionarios de inmigración que más de 10 casos de empleados de Swift se trataban de inmigrantes ilegales.

A inicios del año pasado, los funcionarios del ICE estuvieron siguiéndole la pista a Swift. En marzo, ellos requirieron carpetas de empleados de la fábrica empacadora de carne de Swift localizada en Marshalltown, Iowa. La investigación se expandió a otras plantas.

Mientras que los oficiales de inmigración desarrollaban su caso en contra de Swift, el Congreso debatía las reformas sobre inmigración y repetidamente se quejaba de que el Departamento de Homeland Security no estaba haciendo lo suficiente con agresividad.

En mayo, el senado aprobó una legislación que hubiese resuelto uno de los problemas del Basic Pilot; al permitir a la Administración del Seguro Social y al Servicio de Rentas Internas que alerte a los funcionarios de inmigración de cualquier actividad sospechosa que involucre números del seguro social.

El congreso bloqueó esta legislación para que se convierta en ley.

Dos meses después el senador republicano de Iowa, Tom Latham, retó a Chertoff durante una audiencia de un subcomité acerca de Homeland Security, diciendo que el ICE había ignorado el hecho de que ciertos empleadores estaban empleando de manera consciente a trabajadores ilegales.

El distrito de Latham es el hogar de la planta de Swift en Marshalltown; una de las que fue redada el mes pasado. En una entrevista, Latham dijo que el jefe de la policía y otros investigadores habían cuestionado el estatus de los trabajadores de la planta de Swift por algunos meses antes de la redada. Esto fue muy similar a lo que él le dijo a Cherfoff.

“La policía contactó al ICE una y otra vez en cuanto a conocidos violadores de la ley en la comunidad”, le dijo Latham a Chertoff, “y ellos no les hicieron ningún caso”.

El intercambio termino cuando Chertoff prometió dar al director del ICE la información de Latham. Los funcionarios del Homeland Security escucharon quejas similares de otras personas, incluyendo el senador republicano de Texas, Sam Johnson, quien representa a otro distrito donde otra planta fue redada, y quien realizó una audiencia en su distrito cerca de la planta de Cactus de Swift.

“He escuchado mucho de mis constituyentes acerca de este tema”, dijo Johnson. “Cerca de cuatro de las cinco llamadas y emails, son de personas que están muy molestas por nuestras porosas fronteras”.

Swift también hablo de los problemas con el Basic Pilot, en una audiencia en Greeley con la representante republicana Marily Musgrave.

En septiembre, el congreso dio más dinero para reforzar y levantar mas de 700 millas con una malla protectora a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México.

Las agencias federales que tratan con asuntos de inmigración dijeron que “uno debería ser ciego para no darse cuenta del gran mensaje policiaco que esta viniendo del congreso”, dijo el senador republicano de Colorado Wayne Allard, “Ellos recibieron el mensaje”.

Mientras que el ICE ha desarrollado su caso para realizar las redadas, el congreso estuvo controlado por los republicanos. Pero todo eso cambió el 7 de noviembre; y el 9 de diciembre Congreso salió de vacaciones, sin pasar las reformas migratorias. Las redadas vinieron cuatro días después.

No está claro cámo las redadas podían ayudar al nuevo Congreso controlado por los demócratas.

Latham duda de que tenga un impacto. Pero el republicano Rob Bishop que representa a Utah, una ciudad donde una planta de Swift fue redada, dijo que el “evento ilustra que el sistema todavía está roto”.

“Algo tiene que hacerse a diferentes niveles”, dijo Bishop.

Los escritores John Aloysius y Christa Marshall contribuyeron a este reportaje.

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