En una sala de audiencias del Capitolio de Colorado repleta de miembros de grupos pro-inmigrantes, el Representante Estatal republicano Randy Baumgardner pidió el lunes la postergación indefinida de la propuesta de ley HB1107 que es una copia de la ley SB1070 de Arizona.
Al mismo tiempo, otra propuesta HB11-1140 presentada por el Representante Estatal republicano David Balmer, la cual recortaría ciertos fondos de toda jurisdicción que se niegue a participar del programa federal Comunidades Seguras, fue aprobada 7 a 4 por el Comité de Gobierno Local – pese a los pedidos de docenas de personas opuestas a la propuesta.
Comunidades Seguras permitiría que autoridades policiales carcelarias accedan a bases de datos federales para compartir información biométrica de personas detenidas sospechosas de ser indocumentadas.
La propuesta será considerada por el Comité de Asignación de Fondos próximamente. Antes dese convierta en ley, tiene que pasar por un proceso de varios pasos.
El cabildeo en contra de estas propuestas fue el primer paso para grupos pro-inmigrantes y de derechos civiles en un largo camino en la legislatura estatal donde se presentarán por lo menos cinco propuestas en contra de inmigrantes indocumentados en las próximas semanas. El esfuerzo es parte de una campaña de diversas organizaciones comunitarias, abogados y empresarios para rechazar leyes similares a las de Arizona.
“La gente en esta legislatura necesita saber que si aprueban o promueven leyes que son prejuiciosas y racistas, vamos a demandar responsabilidad, y nuestra comunidad va a llenar estos salones para explicar como estas leyes son injustas y anticonstitucionales”, señaló Hans Meyer, director de política de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC en inglés).
Durante la audiencia de HB11-1140, una docena de miembros de la comunidad testificaron en contra de la propuesta que recortaría los fondos de los subsidios, reembolsos impositivos e impuestos de la venta de cigarrillos a condados que no implementen Comunidades Seguras.
La propuesta también iba a convertir en delito mayor transportar, alojar o esconder a personas indocumentadas de las autoridades de inmigración sabiendo su estatus migratorio.
“Apreciamos que haya sacado esta sección porque hubiera criminalizado a la mayoría de los latinos en este salón”, dijo Amber J. Tafoya, directora de Latina Initiative ante los legisladores. “Tal vez ustedes no conozcan alguien indocumentado, pero nosotros si. Ellos son nuestros primos, amigos, y seres queridos”.
La intención de la propuesta, según Balmer, es de incentivar a las jurisdicciones a implementar Comunidades Seguras. Aquellas que participan inmediatamente podrían obtener más fondos públicos provenientes de los que sean recortados de ciudades o condados que no quieran participar.
A principios de enero el ex gobernador Bill Ritter firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) para establecer Comunidades Seguras en Colorado.
El programa empezará en tres condados del estado, Denver, Arapahoe y El Paso en el 2012 y se extenderá al resto del estado en el 2013 cuando el programa sea obligatorio en todo el país.
Pero el requerimiento que las jurisdicciones en Colorado estén obligadas a participar preocupa a defensores de inmigrantes como Liz Hamel de la organización Derechos para Todos que ha trabajado para forjar buenas relaciones entre la policía de Aurora y la comunidad inmigrante de la ciudad.
“Testigos y víctimas de crímenes tendrán miedo de acercarse a la policía porque ellos tomarán parte en la imple-mentación de leyes federales. Gobiernos locales deberían tener la opción de esco-ger si quieren participar de este programa y no ser castigados si es que no quieren el programa en su localidad”, dijo.
Antes de ser considerado para voto, Balmer adhirió una enmienda que protegería a personas que enfrenten violencia doméstica.
Durante la corta audiencia de HB1107, Baumgardner señaló que su propuesta enfrentaría desafíos constitucionales por ser una copia de SB1070 y que esto podría convertirse en una “carga económica para los contribuyentes de Colorado”. Sin embargo, instó a los legisladores a que se debe tomar medidas contra la inmigración ilegal en el estado.
HB1107 pedía la verificación obliga-toria de la documentación de potenciales empleados, exigía la colaboración de las autoridades locales con agencias federales y requería que la policía local realice “intentos razonables” para determinar la situación migratoria de personas sospechosas de ser indocumentadas. Además, se imponían sanciones para las jurisdicciones locales que no compartiesen información de inmigración con agencias del gobierno federal.
