Empezó sencillamente. La escuela Colorado Christian University quería que sus estudiantes sean eligibles para becas fundado por el estado para seguir su educación “centrado en Cristo”.
Pero oficiales de educación en Colorado decidieron que dando becas a estudiantes de la escuela evangélica basado en Lakewood violará el principio de la separación entre la iglesia y el estado como se define en la ley de Colorado.
La denegación de pronto inició una demanda federal y atención nacional. En diciembre, la división de derechos civiles del U.S. Department of Justice sometió una escritura de amigo de corte en el caso y dieron respaldo a la universidad.
El caso tiene mucha potencial para poner precedentes nacionales sobre el debate vigoroso de cómo los estados pueden regular la corriente de dinero del gobierno a instituciones religiosas.
”Presenta temas en la punta de la ley iglesia-estado ahora”, dice Steven H. Aden, consejero mayor de litigación para el Christian Legal Society, un negocio no lucrativo de Virginia quien representa la universidad.
Los argumentos del Justice Department de parte del Colorado Christian no solo son indicaciones en la importancia del caso, dicen abogados quienes han leído la escritura. También son una ilustración de una iniciativa de la justicia, iniciado en 2002 bajo el presidente Bush, para pelear lo que el departamento ve como discriminación religiosa.
”No es demasiado cínico sugerir que la constituyente más importante que necesita el departamento es mantener contento la comunidad evangélica”, dijo Doug Linder, profesor de leyes constitucionales en el University of Missouri en Kansas City.
Rick O’Donnell, director ejecutivo para la comisión Colorado Commission on Higher Education, dice que inicialmente estaba sorprendido de la atención generada por el caso.
”Todos sabíamos que iba ser una tema interesante, pero no pensábamos que iba tener tanto atención”, dijo O’Donnell.
La comisión, agencias del gobierno siendo demandado por el Colorado Christian, brevemente consideraron afrontar la intervención del Justice Department pero decidieron en contra de eso.
O’Donnell, quien dejará la comisión en marzo para ser candidato republicano para un asiento en el 7th Congressional District, dijo que defenderá la decisión de Colorado para negar fundación a los estudiantes de Colorado Christian. Pero dijo que no esta de acuerdo o que la ley de Colorado requiere la denegación.
”He quedado claro que esta ley estatal es una ley mala”, dijo O’Donnell.
Barry Lynn, director ejecutivo para el Americans United for Separation of Church and State, un grupo de defensa con sede en Washington D.C., dijo que la decisión de no retar la intervención de la Justicia sonó “curiosamente política”.
Lynn dijo que 37 estado tienen provisiones constitucionales que restringue la corriente de fondos estatales para usos religiosos, incluyendo las escuelas.
En el caso de Colorado, las temas son si la prueba “sectario omnipotente”, adoptado como ley en 1977, fue apropiadamente aplicado al caso de Colorado Christian y si el estándar esta en desacuerdo con la Constitución Estadounidense.
La ley de Colorado pone en marcha una prueba con seis partes para definir lo que es una escuela “sectario omnipotente”.
La facultad y los estudiantes no deben ser parte de una sola religión. Debe de haber un compromiso para la libertad académica. Miembros de comisiones gobernantes no deben ser parte de una sola religión. Los fondos no deben venir de una fuente apoyando una religión particular. No se debe requerir tomar listas de asistencias en los servicios religiosos. Los estudiantes no se les deben requerir tomar cursos de religión o teología que adoctrina o que hace proselitismo.
La comisión de Colorado para la educación superior decidió que Colorado Christian no reunieron con varios estándares porque pone mandatos para contar los números de asistencia en los servicios religiosos y que requiere la facultad tomar un juramento de enseñar de una perspectiva cristiana, dice Jenna Langer, oficial principal para la comisión.
Abogados del Colorado Christian dicen que la prueba no es constitucional porque infringe la ley de la Constitución que garantiza la libertad de ejercer cualquiera religión.
Además, abogados para la escuela, que tiene mas de 1,500 estudiantes universitarios y posgrados, dicen que no es justo que los estudiantes del Regis University, una escuela de Denver con una afiliación fuertemente católica, recibe fondos estatales que Colorado Christian pide.
Aden, representando a Colorado Christian, dice que no tiene pleito con Regis y que no sugiere que los estudiantes no deben recibir asistencia. Al contrario, cree que estudiantes de ambas escuelas deben ser elegibles.
Pero dice si el Colorado Christian se les puede llamar una institución “sectario omnipotente”, también debe ser el Regis.
Langer dijo que Regis ganó su estatus en una demanda que fue a la Corte Suprema de Colorado en los años 70s. La Corte decidió que Regis no era un sectario omnipotente, y que la comisión de educación superior aceptó esa decisión.
Colorado Christian busca acceso a seis programas de asistencia estudiantil fundados por el estado de donde viene las becas y subvenciones. Algunos están basados en la necesidad, otros para el mérito. Eso incluyen el Colorado Student Grants, the Governor’s Opportunity Scholarship, y el Colorado Leveraging Education Assistance Partnership Program.
Junto con las temas directamente involucrado con la demanda, una decisión que defensores de derechos religiosos consideran favorable podrá tener otro efecto.
Podrá ayudar interpretar una decisión del 2004 de parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos que consternaron aquellos a favor de mas alcance en la fundación del público para escuelas religiosas.
La decisión de la corte superior en el caso de Locke vs. Davey permitió el estado de Washington excluir la búsqueda de un titulo dedicado a la teología de su inclusivo programa de becas. La decisión habló de las circunstancias bajo cuales estado pueden ser más estrictos en negar dinero a la educación religiosa mas que la Constitución.
Desde la decisión, hay debates significativos de cómo y si la decisión pueda afectar la corriente de dinero publico a las escuelas religiosas. El caso de Colorado, según la escritura del Justice Department, “genera preguntas importantes” sobre el alcance de la decisión de Locke.
La Justicia podrá llegar a una decisión favorable en el caso de Colorado para que no impida “reformas educativas nacientes”, según su escritura. Esas reformas incluyen los programas escolares de vales promulgado por los estados y el gobierno federal, dijo Eric Holland, portavoz para la Justicia.
Melissa Rogers, una profesora visitante de religión y políticas públicas en el Wake Forest University, dijo que queda claro que el Department of Justice espera en usar el caso de Colorado para asegurar que Locke sea interpretado a favor de las instituciones religiosas.
La batalla se trata si Locke debe ser interpretado con limites y aplicado solo en circunstancias similares o si debe tener aplicaciones más anchos. El caso de Colorado posa una oportunidad importante para interpretar a Locke, dijo Rogers.
”El DOJ busca un reglamento que leerá Locke a su manera para permitir la corriente de dinero del gobierno a organizaciones religiosas”, dijo.
Se puede comunicar con la escritora Alicia Caldwell al numero 303-820-1930 o al acaldwell@denverpost.com.
