El anuncio hecho por las autoridades federales la semana pasada sobre el uso de medidas enérgicas contra el empleo de inmigrantes ilegales – tras años de una ejecución permisiva – ha dejado a empleadores, como Chris Walter, perplejos.
La compañía de Walter, TriStar Drywall, depende fuertemente de inmigrantes mexicanos para instalar paredes en las casas alrededor de Denver. Al contratarles, “sí comprobamos dos documentos de identidad,” dijo Walter, vicepresidente de TriStar.
Si la administración de la Seguridad Social le envía una carta indicando que un empleado ha sometido un número inválido, Walter ordena a ese trabajador llamar a las autoridades y arreglarlo.
Eso es todo lo que la ley requiere de los empleadores. Pero Walter aún siente “como si el microscopio sigue estando presente. Intentamos hacer todo al pie de letra, pero estamos preocupados que la ley no parece ser muy transparente.”
Los oficiales federales obtuvieron la atención de los empleadores el jueves cuando anunciaron la redada de casi 1,200 trabajadores del fabricante de palees (de grúas) Sistemas IFCO en 26 estados, incluyendo 38 en un sito en Commerce City, por supuestas violaciones de inmigración. Siete directores administrativos de compañías fueron detenidos, acusados de conspirar en el hospedaje de inmigrantes ilegales, y pueden encontrarse con tiempo en prisión. Más redadas pueden ocurrir. Los agentes federales “tienen varias cosas en que están trabajando en el área de Denver,” dijo Jeff Copp, agente especial de la Ejecución (vigilancia y control) Aduanera y de Inmigración de los EE.UU.
Copp dijo que “las compañías necesitan considerar muy detenidamente lo que están haciendo. Si están haciendo algo ilegal, deben de reevaluar lo que están ganando.” Pero sólo los empleadores que emplean a inmigrantes ilegales “a sabiendas” son los culpables, dijeron oficiales federales.
La declaración hecha el jueves por el secretario de la Seguridad Nacional, Michael Chertoff, diciendo que “el estatus quo ha cambiado” probablemente no será un impedimento para la mayoría de los empleados, dijo Ángelo Amador, director de políticas de inmigración en la Cámara de Comercio Estadounidense en Washington. Amador dijo: “Depende de cuán lejos vayan. Nadie está hablando de ir tras los 12 millones” de inmigrantes ilegales.
Tras el escenario en el Congreso, Amador y otros se opusieron a esfuerzos recientes de algunos legisladores de reducir los estándares legales para que los empleadores que hayan empleado “negligentemente” a inmigrantes ilegales sean procesados.
Amador dijo que el uso de medidas enérgicas prometidas por los federales “demuestra que las leyes actuales están perfectamente donde están y son lo suficientemente buenas para ir tras aquellas personas que realmente están intentando sortear la ley.”
Pero algunos están presionando para tener leyes más estrictas, incluyendo la creación de un carné de identidad laboral “a prueba de fraude” y un sistema de verificación para que los empleadores puedan ser requeridos en asegurar que los trabajadores que empleen están en este país legalmente. El presidente del sindicato de la Patrulla de Fronteras, T.J. Bonner, representando a unos 10,500 agentes federales de primera línea, desechó las medidas enérgicas como un fingimiento político cuya intención es neutralizar la reforma.
Los oficiales de la Seguridad Nacional “están intentando convencer al Congreso que las leyes existentes son adecuadas,” dijo Bonner, añadiendo que las medidas enérgicas “no van a tener ningún efecto disuasivo en los cientos de miles de empleadores que están empleando a inmigrantes ilegales.”
En varios estudios recientes se muestra que las compañías constructoras y de paisajismo dependen fuertemente en los trabajadores inmigrantes ilegales. Los directivos del gremio rehusaron comentar sobre los planes federales de ejecución.
”Sin lugar a dudas aconsejamos a nuestros miembros de seguir la ley al pie de letra en todo momento,” dijo la portavoz de la Asociación de Constructores Residenciales de Colorado, Amy Mayhew. “Esperamos que nuestros miembros estén allí fuera siendo ciudadanos ejemplares.”
Un trabajador ilegal puede engañar a un empleador sin muchos problemas, dijo la directora de los Contratistas Asociados de Ajardinados, Kristen Fefes. “Existen varios documentos muy buenos que parecen completamente legítimos,” dijo. Y cuando los funcionarios de Seguridad Social envían cartas notificando a los empleadores que el número del trabajador es inválido, se les advierte que no se le despida basándose solamente en la carta.
Frecuentemente, dijo Fefes, las cartas llegan hasta tres años más tarde y se basan en información inexacta.
En TriStar Drywall, Walker expresó preocupaciones similares. “Yo quiero cumplir (con la ley), pero te estás exponiendo a un posible litigio. Hay gente allí afuera que te demandarán por discriminación.”
Todo el sistema necesita ser reformado, dijo Chris Thomas, un abogado de Denver representando a los empleadores. Dijo que “los empleadores se encuentran en este rompecabezas descabellado.” “La preocupación, Si no vamos demasiado lejos, nos vamos a encontrar en el lado opuesto a la Seguridad Nacional. Si vamos demasiado lejos (al despedir trabajadores), nos encontramos en el lado opuesto a la Seguridad Social.’”
Bajo las medidas enérgicas federales, los agentes se centrarán en empleadores mostrando “caso omiso de la ley de inmigración,” dijo Copp, el agente especial del ICE. “Pero si obtenemos información útil sobre cualquier compañía en la ciudad o en el área de los cuatro estados, también trabajaremos en esos casos.”
El escritor de plantilla Bruce Finley puede ser contactado en el 303-820-1700 ó bfinley@denverpost.com.
