Ayer miércoles, altos cargos en la administración del gobernador republicano, Bill Owens, dijeron a los legisladores de Colorado que no sabían cuánto dinero del contribuyente gasta el estado en proveer servicios a los inmigrantes ilegales.
Es probable que ese número elusivo se convierta en el centro de una sesión legislativa contenciosa que empieza hoy con los legisladores demócratas y republicanos prometiendo tomar medidas duras contra los residentes del estado cometiendo infracciones.
Los demócratas están centrándose en los empleadores que emplean a inmigrantes ilegales como trabajadores de bajos ingresos. Los republicanos quieren suprimir los servicios financiados por el estado, incluso están preguntándose si el estado debiese proveer servicios de autobús a los hijos de los inmigrantes ilegales.
Pero los legisladores se reunirán sin la información que necesitan para poder tomar decisiones bien definidas, dijo un legislador clave.
Las recriminaciones vinieron de ambos bandos. Owens, quien fijó la fecha de empiece para la sesión especial, hizo una comparecencia sorpresa ayer por la mañana en una reunión del Comité Mixto Presupuestario (Joint Budget Committee) y llevó al comité en un desvío de dos horas de su agenda.
Owens, quien reconoció que las propuestas de los demócratas centrándose en los empleadores de los inmigrantes ilegales tienen sentido, también le dijo al comité que el gobierno estatal fue el lugar erróneo para buscar los costos de los servicios ofrecidos a los inmigrantes ilegales.
“Los costos de los gobiernos locales son una parte significante de lo que estamos tratando cuando usted está abordando los costos de la inmigración ilegal, y si formula la pregunta errónea, usted obtendrá la respuesta errónea,” dijo Owens.
Le dijo al comité que debería de preguntar a los abogados electos de los distritos locales, a los comisionados del condado, a los alcaldes, alguaciles, y a otros para explicar cómo la inmigración ilegal está desviando los dólares locales de impuestos de los ciudadanos obedeciendo la ley.
Owens trajo consigo un grupo de directivos locales para testificar sobre los costos. Pero cuando vino la hora de asesorar los costos de los servicios, los testigos de Owens dijeron que sería difícil calcular los números.
No fueron los únicos que no podían ofrecer respuestas exactas sobre los costos de los servicios.
Uno tras otro, los altos cargos de la administración de Owens y líderes de los poderes ejecutivos y judiciales del gobierno dijeron no tener un número exacto. Algunos dieron un cálculo. Otros ni si quiera intentaron eso.
Marva Livingston Hammons, directora ejecutiva del Departamento de Servicios Humanos de Colorado (Colorado Department of Human Services), calculó que su departamento gasta unos $3.5 millones anualmente en servicios a inmigrantes ilegales, incluyendo cuidados de protección tanto para los niños como para los adultos.
Pero la gran parte de los gastos de su departamento – unos $2 millones – se centra en los servicios de correcciones juveniles, un costo que no sería reducido por preocupaciones de la seguridad pública.
En algún momento, ella calculó que le costaría $1.5 millones a su departamento para mejorar su proceso de selección para poder expurgar a los inmigrantes ilegales.
Los directivos del Departamento de Correcciones (Corrections Department) dijeron haber gastado $39.4 millones en presos nacidos en el extranjero entre el 2004-05, pero no podían certificar cuánto se gastó en inmigrantes ilegales. Y nadie sugirió que los criminales condenados deberían de ser puestos en libertad o ser deportados antes de servir sus sentencias en Colorado.
Dennis Ellis, el director ejecutivo del Departamento de Salud Pública y el Medioambiente, dijo no saber los costos exactos de su departamento. Algunos programas – como el aire limpio o los anuncios para desanimar el fumar – cubre cada residente del estado.
Y otros servicios, como las vacunas para prevenir la propagación de enfermedades, son integrales para proteger el público.
Otros gastos del estado, como la educación pública, están exigidos por el derecho federal. Owens citó un cálculo realizado por un grupo de apoyo en el cual se dice que $564 millones son gastados anualmente para enseñar a los inmigrantes ilegales y a los niños americanos nacidos de los inmigrantes ilegales, o “bebés anclas” como se les llama.
Algunos departamentos no asesoraron cuánto les costaría para reforzar las leyes de inmigración.
Una propuesta clave es de ponerse duros con los empleadores al revocar el crédito tributario que obtienen por sus empleados.
Los legisladores encontraron todo muy frustrante.
“En un mundo ideal, tomaríamos la información obtenida hoy y pasaríamos algún tiempo intentando desarrollar una legislación; vendríamos de nuevo a los departamentos para acceder a más detalles,” dijo el Rep. Bernie Buescher, D-Grand Junction, el presidente del Comité Mixto Presupuestario.
Buescher dijo ser “decepcionante” que el departamento tributario no tenía un cálculo de costo de una propuesta que los legisladores han estado discutiendo desde hace semanas.
Incluso Owens, durante su presentación, reconoció que el estado debe de hacer más para centrarse en los empleadores de inmigrantes ilegales.
“Lo que me gustaría hacer es reducir el origen del por qué tenemos a inmigrantes ilegales aquí, y esto es algo que he escuchado particularmente de su partido, y éste es un tema consistente de los mandatos de los empleadores,” dijo.
“En este caso, ustedes tienen razón parcialmente. Creo que los empleadores son parte del desafío a que nos estamos enfrentando. Si no empleamos a las personas que están aquí ilegalmente, no vendrán tanto como a los estados que sí permiten ese tipo de empleo.”
Se puede comunicar con el escritor Mark P. Couch al 303-820-1794 ó al mcouch@denverpost.com.
