Cuando el debate político nacional sobre la inmigración se desparramó en las calles este año, incluso aquellos que abogan por medidas muchas más duras estaban sorprendidos.
“Se ha acelerado incluso más de prisa de lo que yo anticipaba,” dijo el congresista de Colorado, Tom Tancredo, un líder en el llamamiento de cerrar las fronteras americanas. “El intentar cambiar el debate sobre una cuestión como ésta en un país tan grande como el nuestro y tan diverso como el nuestro es muy difícil.”
La cuestión ha dominado las políticas nacionales y estatales este año y es el centro de una sesión especial rara de la legislatura de Colorado que empieza hoy mismo. Los legisladores de Colorado enfocarán sobre las propuestas para suprimir los servicios a los inmigrantes ilegales y tomar medidas duras contra los empleadores que los emplea.
¿Pero cuál es la lucha nacional y más amplia liderando estas reformas y de qué se trata? ¿Y por qué está sucediendo ahora?
Algunos dicen que el movimiento duró durante años pero fue iniciado en serio en el 2004, cuando el presidente Bush propuso un plan controvertido para desarticular las fronteras mientras se garantizaba la amnistía de algunos de los inmigrantes indocumentados ya residiendo en este país. Eso encendió a los defensores anti-inmigración ilegal como a los llamados “Minutemen” (“En Estado de Alerta”: apodo que se le dieron a los Patriotas en el tiempo de la guerra civil en Estados Unidos), quienes empezaron a patrullar la frontera mexicana.
Explotó en diciembre cuando la Cámara de los EE.UU. aprobó un proyecto de ley que convertiría a los inmigrantes ilegales en criminales, engendrando manifestaciones sobre los derechos de los inmigrantes por todo el país. El tamaño de esas manifestaciones incluso asombró a sus organizadores.
“Yo soy una ciudadana de los EE.UU., pero algunos de mis familiares no lo son. Esto no sólo afecta a los inmigrantes, afecta a toda mi familia,” dijo Maricela Reyes, 16 años, estudiante en la Escuela de Ciencias & Tecnología de Denver (Denver School of Science & Technology) y quien participó en una de las manifestaciones primaverales en Denver. “Este país fue creado por inmigrantes, y nosotros queremos la misma oportunidad que ellos tuvieron en aquel entonces.”
La cuestión ha incendiado debates para el año electoral sobre el impacto que tienen los inmigrantes ilegales en el empleo, servicios sociales, seguridad nacional, y la cultura americana.
Los activistas en ambos bandos de la cuestión dicen que la discusión es muy necesaria. Pero es lo único en que están de acuerdo.
¿Contribuyentes o drenaje de impuestos?
Se habla mucho sobre el costo de la inmigración ilegal. Pero un grupo dice que dichos inmigrantes pagan la mayoría de esos costos en impuestos.
Los activistas en pro de los derechos de los inmigrantes dicen que cualquier reforma nacional debería incluir algún tipo de amnistía que permitiría a los inmigrantes ya en el país obtener su estatus legal. Dicen que los inmigrantes son residentes que trabajan duro y pagan sus impuestos, contribuyendo más de lo que reciben.
“La mayoría de los inmigrantes indocumentados están trabajando como empleados legales en los libros de contabilidad, tienen retenciones del Seguro Social y de impuestos,” dijo Randy Capps, asociado de investigación en el Instituto Urbano (Urban Institute) en Washington. “Gastan dinero y pagan impuestos de venta. Viven en casas, así que pagan los impuestos de propiedad.”
Sin embargo, los grupos anti-inmigrantes ilegales dicen que los inmigrantes ilegales reducen los salarios y les cuesta billones de dólares a los contribuyentes en tener servicios educativos, atención médica, y otros misceláneos.
“Estas son gentes de costo alto, rendimiento bajo de impuestos que imponen una carga increíble en nuestros contribuyentes,” dijo el ex-gobernador de Colorado, Dick Lamm, un activista sobre cuestiones de inmigración. “No conozco a nadie que ponga una cara seria y diga que los inmigrantes ilegales pagan a su manera.”
Se calcula que hay unos 12 millones de inmigrantes ilegales en el país y unos 250,000 en Colorado.
El Consejo Legislativo Independiente de Colorado (Colorado nonpartisan Legislative Council) calcula que el estado gasta más de $200 millones en servicios para los inmigrantes ilegales, incluyendo $157.9 millones en educación pública, $30.9 millones en asistencia médica de emergencia, $28.1 millones para albergar a presos, y $460,606 en el bienestar infantil y otros programas.
El estado requiere, bajo las leyes federales, proveer la gran mayoría de esos programas. Y algunos informes muestran que los impuestos pagados por inmigrantes indocumentados contrarrestan la mayor parte de esos costos.
Un informe reciente del Centro de Políticas Bell, basado en Denver, calcula que Colorado gasta cerca de $225 millones en esos servicios. Pero el informe también dijo que los inmigrantes pagan entre $159 millones a $194 millones en impuestos estatales y locales, o sobre un 70 a 86 por ciento de esos costos.
Según en Centro Hispano Pew, los hombres adultos, inmigrantes indocumentados, entre las edades de 18-44, tienen la mayor probabilidad de ser parte de la mano de obra que los nativos de los EE.UU. – un 92 por ciento frente a un 88 por ciento.
“Es muy fácil para nosotros decir que queremos cerrar la puerta porque no nos gusta la carga fiscal asociada con ello, pero también nos tenemos que dar cuenta que la economía está poniendo a todas esas personas a trabajar,” dijo Pia Orrenius, una economista en el Banco de Reservas Federal (Federal Reserve Bank) de Dallas. “Como consumidores, nos beneficiamos de la inmigración porque la inmigración reduce los precios de los servicios y bienes del consumidor. Pero en cuanto vienen los impuestos, pagamos para los inmigrantes.”
Algunos argumentan que los inmigrantes ilegales bajan los sueldos porque quieren trabajar por mucho menos que los americanos.
Entre 1996 y el 2003, los inmigrantes contribuyeron al 55 por ciento del crecimiento del empleo, dijo Orrenius. En algunas industrias, contribuyeron casi al 90 por ciento del crecimiento del empleo. Y en las regiones de donde las personas nativas están mudándose, los inmigrantes ayudaron a aumentar las economías rurales.
“Nos enfocamos mucho en la carga fiscal y el impacto de salarios en el mercado laboral,” dijo Orrenius. “De lo que tenemos que recordar es que los inmigrantes están contribuyendo, llenando más de la mitad de los nuevos trabajos que están siendo creados.”
Y todos los inmigrantes indocumentados pagan algunos impuestos, dijo Capps del Insituto Urbano.
En el 2003, la Administración de la Seguridad Social (Social Security Administration) embolsó $7 billones en impuestos de 7.5 millones de trabajadores con números de la Seguridad Social que no correspondió con otra información de identificación. El Centro de Políticas Bell dice que el presidente actuario de la Seguridad Social calcula que tres cuartas partes de los inmigrantes indocumentados pagan impuestos de nómina.
El IRS (Servicio Interno Fiscal) salta sobre el problema
El sistema de Número de Identificación Fiscal Individual (Individual Tax Identification Number o ITIN) permite a aquellos sin número de la Seguridad Social entregar declaraciones fiscales. Millones ya lo han hecho.
En 1996, el gobierno federal instaló creó un sistema que permitía a los inmigrantes ilegales entregar sus declaraciones fiscales aunque no tuvieran números válidos de la Seguridad Social.
Antes de eso, se les dio una tarjeta de la Seguridad Social a los inmigrantes indocumentados. Pero a principios de los años 80, las tarjetas fueron marcadas como “no válido para empleo,” y en 1996, la Administración de la Seguridad Social empezó a limitar la emisión de la tarjeta a ciudadanos y residentes legales.
Dada a toda esa restricción, El IRS empezó a dar Números de Identificación Fiscal Individual, o ITINs, a los inmigrantes indocumentados, con el propósito de rellenar sus declaraciones fiscales.
Ahora, los inmigrantes indocumentados que utilizan números falsos de la Seguridad Social para obtener empleo pueden rellenar sus declaraciones fiscales con sus ITINs asignados.
Entre 1996 y el 2003, más de 7.2 millones de ITINs fueron emitidos, según revela el IRS. De esos ITINs, más de 19 millones de declaraciones fiscales fueron entregadas durante ese mismo período de tiempo.
”Nuestro trabajo es asegurar que todo el mundo que gane un sueldo entre nuestras fronteras pague el número adecuado de impuestos, aunque no estén trabajando aquí legalmente,” le dijo el Comisionado de IRS, Mark Everson, a un comité congresional en febrero. “ Es importante entender que el programa del ITIN está trayendo a los contribuyentes al sistema.”
El debate sobre la inmigración se ha enfocado más en seguridad y el costo de proveer servicios que en cómo los inmigrantes están siendo fiscalizados.
En la sesión legislativa especial de Colorado que empieza hoy, los legisladores enfocarán en reducir el acceso de los inmigrantes indocumentados a programas que no están exigidos por el derecho federal o tomando medidas más duras contra los empleadores que los emplean.
Y mientras esas propuestas no afectarían las cuestiones caras como la educación o la atención médica, los partidarios de los cambios propuestos dicen tener la intención de mandar un mensaje a los inmigrantes indocumentados: no son bienvenidos en Colorado.
Otros dicen que no hay nada que pueden hacer los legisladores para hacer la vida aquí más difícil de lo que ya está porque es precisamente de donde provienen los inmigrantes ilegales.
“La gente tiene que empezar a pensar en una solución más equitativa en vez de intentar una vida lo más miserable posible para los inmigrantes indocumentados que ya están aquí,” dijo Capps.
“Ustedes les podrían hacer la vida completamente miserable al eliminar todos los servicios, y tendrán un miedo atroz a hablar a cualquiera con un uniforme – y eso probablemente es mejor de lo que tenían en su país de origen porque aquí al menos tienen un techo sobre sus cabezas y un trabajo.”
Se puede comunicar con la escritora Elizabeth Aguilera al 303-820-1372 ó al eaguilera@denverpost.com.
