Mientras Ana prepara a sus dos hijos cada mañana, chequea sus deberes y se preocupa de llegar a tiempo a su trabajo de la limpieza de la casa, si es que tiene suerte en obtener uno ese día.
Cuando José Domínguez cloquea cada día en Zaidy’s Deli donde es el jefe de cocina, él está pensando en el bonche de gente que irá para su desayuno – su familia y su futuro siempre está en sus pensamientos.
Y mientras Juan está limpiando oficinas después de las horas de trabajo, está creando poemas en su cabeza y pensando en su familia en México.
Ana y Juan son inmigrantes ilegales quienes pidieron ser identificados sólo por su primer nombre por razones de seguridad. Domínguez es un residente legal quien fue un indocumentado hace tiempo.
Los tres representan un grupo de personas que ahora están justo en el blanco de un debate político sobre si el estado debe de reprimir a los inmigrantes indocumentados drásticamente y a la gente que les emplea. Los legisladores estatales están considerando una variedad de leyes, incluyendo maneras de excluir a los inmigrantes ilegales de los servicios estatales.
Mientras los legisladores están pensando en los inmigrantes, las personas como Juan, Ana, y José están concentrándose en los asuntos más inmediatos.
”Están muy preocupados, pero a la vez tienen hijos que alimentar y facturas que pagar y deben de tomar ciertos riesgos para cuidar de sus familias,” dijo Nancy Rosas, una ciudadana naturalizada de Guatemala quien trabaja con los inmigrantes.
El debate estatal y federal sobre la inmigración es una nube vislumbrante, pero todo lo que pueden hacer es esperar.
“Estoy triste porque nos quieren echar a un lado, y lo único que queremos es luchar para obtener prosperidad y trabajo,” dijo Ana, quien está trabajando con un abogado para convertirse en un residente permanente. “Queremos respetar las leyes de los EE.UU. y convertirnos en ciudadanos.”
La sesión legislativa especial que empezó ayer jueves fue convocada después que la Corte Suprema de Colorado rechazara una iniciativa propuesta para la votación que suprimiría los servicios estatales a los inmigrantes ilegales.
Ya se les prohíbe, a dichos inmigrantes, recibir servicios como asistencia social, vales de comida, y asistencia de vivienda. La iniciativa de la votación – o cualquier otra propuesta – no podría afectar los servicios médicos de emergencia o la educación de K-a12, ambos exigidos federalmente.
“Todos nosotros los latinoamericanos hemos venido para convertirlo en un país mejor, no para utilizar todos sus servicios,” dijo Juan, miembro de la Unión Internacional de Servicios de Empleados (Service Employee International Union).
Como el 40 por ciento de los inmigrantes ilegales, Juan vino a los EE.UU. de México en el 2004 con una visa turística y decidió quedarse.
“Los inmigrantes obtienen los trabajos más duros con salarios bajos,” dijo. “Respaldamos económicamente la parte más importante de este país.”
Un informe reciente realizado por el Centro de Políticas Bell (Bell Policy Center) calculó que los inmigrantes ilegales in Colorado pagaron entre $159 y $194 millones en impuestos en el 2005 y costaron unos $225 millones en Medicaid, educación, y gastos de cárceles.
Domínguez, un propietario de casa y quien ha trabajado y pagado sus impuestos desde que llegó a los EE.UU. hace 15 años, se preocupa por sus amigos y sus familiares indocumentados.
“Simplemente no sé en qué dirección irá todo esto,” dijo. “Todos trabajan y también son dueños de sus casas.”
Varios inmigrantes ilegales dijeron esperar que el gobierno crea un plan que les ofrezca una vía para conseguir su ciudadanía.
“Queremos que nos den una oportunidad para estar aquí, trabajar para sostener a nuestras familias, y poder viajar a nuestros hogares en caso de tener una emergencia,” dijo Domínguez.
Los inmigrantes dicen ver la ironía en ser el centro de un debate enfocado en los costos gubernamentales cuando parece que sus impuestos no cuentan como un beneficio.
“Si dicen que no pagamos nuestros impuestos, es un ataque a los inmigrantes, porque sí pagamos nuestros impuestos,” dijo Juan, quien tiene una tarjeta para la biblioteca y acude a clases de Inglés.
“En resumidas cuentas, es muy anti-inmigrante, y eso viene de arriba,” dijo Minsun Ji, directora ejecutiva de El Centro Humanitario, un centro de jornaleros para los inmigrantes.
Se puede comunicar con la escritora Elizabeth Aguilera al 303-820-1372 ó al eaguilera@denverpost.com.
