Algunos legisladores de Colorado se han tropezado con la causa real de la inmigración ilegal.
“Los empresarios son como un imán,” me dijo el representante del estado Morgan Carroll, demócrata de Aurora, la semana pasada.
De manera que hay una serie de proyectos de ley pendientes en la sesión especial de la legislatura que sancionarían a las compañías que emplean a inmigrantes ilegales.
El proyecto de ley de Carroll no permitiría que compañías reciban ayuda económica de desarrollo del estado a menos que prueben que ellos no tienen trabajadores ilegales en ninguna parte de los Estados Unidos. ¿Está buscando un cheque de asistencia social del gobierno para el crecimiento de su corporación? Entonces no emplee a inmigrantes ilegales.
Otras medidas impondrían castigos – como multas y no aceptación para exoneraciones fiscales – a las compañías que emplean trabajadores ilegales o que no mantengan documentación adecuada de sus empleados.
Los grupos de negocios de el estado han sido sorprendentemente lentos en reaccionar a estas propuestas potencialmente pesadas – por lo menos en público. Hasta el viernes, la mayoría de su trabajo ha sido ejercer presión por detrás del escenario.
“Su membresía está dividida,” dijo Carroll. “La mitad de sus miembros emplean a inmigrantes ilegales, lo saben, reciben ganancias de ellos y quieren que se les deje en paz. La otra mitad realmente cumple con la ley y creen que ellos están en una ventaja competitiva que es injusta.”
Joe Black, presidente de la Cámara de Comercio Metropolitana de Denver, está en descuerdo.
“La mayoría de las compañías en Colorado están tomando las medidas necesarias – y las federalmente requeridas – para verificar que sus empleados cumplan con los requisitos para trabajar en los Estados Unidos,” dijo al Comité de Asuntos de Negocios del Senado, el viernes.
Sí, pero muchos de los estimados 250,000 inmigrantes ilegales en Colorado – y de 12 millones en la nación – trabajan en alguna parte, razón por la que el gobernador Bill Owens pidió esta sesión especial.
Chuck Berry, el director ejecutivo de la Asociación de Comercio e Industria de Colorado, dijo que muchas de las compañías no quieren tomar una postura por miedo a tener problemas injustificados con las agencias federales encargadas del cumplimiento de la ley.
“Muchas de las compañías no quieren testificar,” él dijo. “No quieren que se las conozca. … Creen que alguien les va a ir a espiar. Quieren pasar por desapercibidos.”
Por ahora, el grupo de Berry está haciendo lo que puede para evitar que los legisladores del estado conviertan a las compañías de negocios en agencias que encargadas del cumplimiento de las leyes de inmigración. El viernes, Berry testificó en contra de una propuesta de ley que multaría a las compañías que no apliquen para formar parte del programa piloto federal que verifica los números de Seguridad Social. Sí, una multa por no aplicar para ser parte de un programa piloto experimental que pueda o no pueda existir en el futuro.
Cada nación tiene el derecho de controlar sus fronteras. Pero nuestros líderes nacionales – que levantan fondos de campaña de las compañías – se han negado a ejercitar ese derecho por décadas.
De manera que hoy, estamos inundados de personas que quieren lavar nuestros carros, cortar nuestros céspedes, recoger nuestros vegetales, matar nuestro ganado, construir nuestras casas, y limpiar nuestros baños por sueldos por debajo del mercado. ¿Y esta es una crisis que el gobierno del estado debe resolver?
El representante Al White, republicano de Winter Park, no la quiere resolver. La quiere desviar.
“Si la inmigración es un diluvio que nos viene de todas partes, entonces elevemos nuestros diques adoptando requisitos de empleo más estrictos en comparación a los estados que nos rodean,” él dijo. “Si hay un diluvio, y uno pone bolsas de arena alrededor del sótano, ¿sabes a donde va el agua? Se va al sótano del vecino de al lado.
¿Escucharon eso Kansas, Wyoming, Utah, Arizona, Oklahoma y Nuevo México? Más vale que saquen la bomba de agua.
White es el proponente de una ley que impone multas a los empleadores que no mantengan registros de las licencias de manejo o tarjetas de identificación del estado, los cuales son cada vez más difíciles de falsificar.
Blake dijo a los legisladores que su grupo consideraría apoyar esta medida – “considerar”, creo, es la palabra clave.
“Debemos recordar que muchos de los empleadores claves de Colorado requieren trabajadores por temporada, y los procesos que toman tiempo como los requisitos de tarjetas de identificación podrían prevenir que las compañías aumenten el número de empleados rápidamente – lo que a la final les perjudicaría a estas compañías y a la economía de Colorado,” dijo Blake.
Sí, de seguro no queremos perjudicar la economía del estado revisando todas esas identificaciones.
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