Ayer domingo, los demócratas del Senado empujaron hacia el frente con su plan de reducir los servicios estatales a los inmigrantes ilegales, ensanchando la división de partidos que ha dominado la sesión especial de cuatro días sobre la reforma de inmigración.
El Senado inicialmente aprobó el Proyecto de Ley 1023 de la Cámara sobre una voz de voto un día después que el gobernador Bill Owens hiciera una apariencia legislativa rara para advertir a los líderes demócratas que el proyecto de ley no reunía sus criterios para una reforma considerable.
Los senadores endurecieron algunas provisiones en el proyecto de ley, pero los republicanos dijeron que no tenía un gran alcance.
Owens vigiló la acción del domingo pero no hizo ningún comentario.
“El gobernador observó los eventos del día con gran interés y esperará a ver las acciones que se realizarán mañana,” dijo el portavoz de Owens, Dan Hopkins.
Hoy lunes se espera la última acción del Senado sobre el Proyecto de Ley 1023 de la Cámara, uno de los proyectos de ley claves y finales aún pendiente en la sesión especial.
Aún queda pendiente el Proyecto de Ley 1018 de la Cámara, un plan respaldado por Owens que requeriría a los empleadores de Colorado verificar el estatus residencial del trabajador.
En el Senado, ayer domingo, los demócratas hicieron varios cambios en el Proyecto de Ley 1023 de la Cámara, añadiendo el requisito de demostrar un carné de identificación con foto para aquellos aplicando para los beneficios públicos, multiplicando las penalidades por aplicar falsamente para esos beneficios, y exigiendo a los gobiernos locales de utilizar las normas “no menos estrictos” que aquellos utilizados por el estado.
Pero los republicanos del Senado dijeron que los cambios no encaró todas las preocupaciones del gobernador. Continuaron su presión para obtener una medida para la votación que permitiría a los ciudadanos decidir sobre la cuestión.
La Presidenta del Senado, Joan Fitz-gerald, D-condado de Jefferson, dio una súplica apasionada sobre el HB 1023, diciendo que sería la prohibición más dura en la nación.
“Creo que lo que estamos haciendo aquí es realizando nuestro trabajo y lo estamos haciendo ahora mismo,” dijo Fitz-gerald. “Y ese es el mensaje que tenemos que enviar a nuestros votantes.”
Los republicanos estaban insatisfechos con los cambios. Dijeron que el proyecto de ley no limita los servicios excepto a aquellos ya prohibidos a los inmigrantes ilegales por el gobierno federal.
“El suyo dice, Sólo lo que prohíbe los federales será negado,’” dijo el Sen. Shawn Mitchell, R-Broomfield. “Otro enfoque dice, Sólo lo que el gobierno federal requiera de nosotros lo proveeremos.’”
Mitchell dijo que él preferiría la iniciativa patrocinada por los ciudadanos que la Corte Suprema del estado quitó de la votación en un fallo controvertido el mes pasado, incitando a Owens a convocar la sesión especial.
La medida no nombró específicamente los servicios que los gobiernos estatales y locales suprimirían. Simplemente dirigió a la legislatura a hacerlo cuando regresara en enero para su sesión reglamentaria.
El Sen. Brandon Shaffer, D-Longmont, leyó una lista larga de los beneficios que el Proyecto de Ley 1023 de la Cámara suprimiría de los inmigrantes ilegales: “Cualquier beneficio o pago similar de jubilación, asistencia social, salud, discapacidad, alojamiento público o asistido, educación pos-secundaria, asistencia alimenticia, desempleo.”
Dijo que el proyecto de ley prohibiría cualquier subvención, contrato, préstamo, licencia profesional o comercial ofrecida por cualquier agencia estatal o gobierno local.
“Lo que me choca y me frustra,” dijo Shaffer, “es que creo que estamos de acuerdo sobre más cosas de lo que no concordamos, y por cualquier razón u otra hemos clavado nuestras suelas en esta cuestión a lo largo de las líneas divisorias de los partidos.”
Los republicanos de la Cámara, entretanto, flotaron un plan de compromiso que esperaban poder zanjar las diferencias de ambos partidos.
El líder minoritario de la Cámara, Mike May, R-Parker, dijo que el plan pondría una enmienda constitucional al límite de los servicios estatales ante los votantes mientras endurecía un plan estatutario para hacer lo mismo.
La idea apacigua las demandas de los republicanos de poner la cuestión en la votación de noviembre mientras satisface la insistencia de los demócratas que los legisladores limiten los servicios inmediatamente, dijo May.
“La gente tendrá su voto, y la legislatura tendrá su momento de hablar,” dijo May.
El portavoz de la Cámara, Andrew Romanoff, D-Denver, dijo que consideraría esta idea, pero aún está trabajando para encarar las preocupaciones de Owens con respecto al HB 1023.
Entretanto, la líder mayoritaria de la Cámara, Alice Madden, D-Boulder, dijo ayer domingo que ella está pidiendo a los siete legisladores demócratas enfocados por una campaña de llamadas telefónicas automatizadas de llamar hoy a sus fiscales locales y pedir una investigación sobre esas llamadas, las cuales infringieron la ley.
Madden dijo que el Grupo Trailhead – un grupo de campaña republicano en parte fundado por Owens – violó las leyes estatales de cabildeo cuando urgió a aquellos que llamaron a contactar los legisladores. Ni el grupo ni su director ejecutivo es un cabildeador registrado, dijo Madden.
Pero Alan Philp, el director ejecutivo de Trailhead, dijo que el grupo “no ha hecho nada ilegal.” Las llamadas eran “una abogacía por las cuestiones,” no cabildeo, dijo.
Las llamadas telefónicas, dijo Madden, muestran que la sesión especial es “todo política.” Los republicanos insisten que los demócratas pongan un a medida para limitar los servicios a los inmigrantes ilegales en la votación porque, dijo, “quieren poder hablar sobre la cuestión durante cuatros meses más.”
Se puede comunicar con el escritor, Mark P. Couch, al 303-820-1794 ó al mcouch@denverpost.com.
Cuatro días ya metidos en la sesión especial, menos de la mitad de los 40 proyectos de ley introducidos aún quedan pendientes. Este es su estatus:
HB 1001: Requiere a los negocios demostrar que no emplean a inmigrantes ilegales antes de recibir incentivos estatales. Al gobernador.
HB 1002: Permite a los inmigrantes ilegales acceder a la prevención de enfermedades contagiosas. Al gobernador.
HB 1005: Se convertirá en una felonía el utilizar el estatus legal de un inmigrante ilegal para coaccionarlos en esclavitud. Pendiente en el Senado.
HB 1009: Requiere a los gobiernos chequear el estatus legal antes de proveer licencias y permisos. Aprobado por ambas cámaras.
HB 1014: Exige al fiscal general de obtener reembolso del costo del estado al tratar la inmigración ilegal. Aprobado por ambas cámaras.
HB 1015: Requiere a los empleadores de retener impuestos sobre la contribución estatal de los empleados contratados si no proveen documentación apropiada. Aprobada en ambas cámaras.
HB 1017: Requiere a los empleadores atestiguar que han verificado el estatus legal de sus empleados. Pendiente en el Senado.
HB 1018: Requiere a los empleadores demandar identificación de Colorado de los posibles empleados. Pendiente en el Senado.
HB 1020: Elimina los beneficios de impuestos de los negocios que empleen a inmigrantes ilegales. A votación.
HB 1022: Instruye al fiscal estatal de demandar al gobierno federal de exigir el endurecimiento de las leyes federales sobre la inmigración. A votación.
HB 1023: Limita los servicios estatales a los inmigrantes ilegales mayores de 18 años.
SB 2: Requiere a la Corte Suprema del estado de actuar prontamente sobre cuestiones sobre las iniciativas de los ciudadanos. Pendiente en la Cámara.
SB 4: Se convertirá en una felonía el amenazar a alguien basado en el estatus ilegal de inmigración de una persona. Al gobernador.
SB 5: Se convertirá en una felonía el utilizar el estatus ilegal de inmigración para coaccionarles hacia la esclavitud. Al gobernador.
SB 6: Dice que un matrimonio de hecho no será reconocido como tal a menos que sus participantes tengan al menos 18 años. Al gobernador.
SB 7: Se convertirá en una felonía para una persona sin derecho a votación en una elección de hacerlo. Al gobernador.
