Con funcionarios estatales enfrentando cargos de desacato multas, el Comité de Presupuesto acordó el viernes gastar $1.6 millones para llevar a 82 criminales acusados pudriendose en las carceles locales a el hospital estatal de Pueblo.
La acción vino después de que dos fiscales especiales pidieran que Marva Livingston Hammons, directora ejecutiva del Departamento de Servicios Humanitarios de Colorado, y Steve Schoenmackers, superintendente del hospital, fueran detenidos por desacato por no llevar a cabo evaluaciones de salud mental o tratamiento que fue ordenado por la corte para los reclusos.
Hace poco en este mismo mes, el gobernador Bill Owens dijo que quería que el comité pasara los fondos, a los cuales la JBC se había negado inicialmente.
Pero siguiendo alegatos de Hammons y el abogado general Beverly Fulton, la JBC votó 5-1 para apropiar el dinero.
El representante Bernie Huscher, D-Grand Junction, dijo que el departamento tendrá que volver con los legisladores en marzo para pedir fondos adicionales. Si es aprobado, la cantidad total dada para relevar la larga lista de criminales esperando evaluaciones o cuidado en el hospital estatal será de $3.4 millones.
Fulton, quien representa a Hammons y Schoenmackers, le dijo al comité que la situación era grave. Dijo que el estado enfrentaba multas potenciales de $1,000 diarios por cada preso que no sea llevado al hospital y posiblemente una demanda civil.
“Esto es una crísis”, le dijo Fulton al comité. “Cuando les decimos que estamos en aprietos, de verdad lo estamos”.
Hammons y sus empleados dijeron que aunque una sombrilla de centros de salud comunitarios habían sugerido que a lo mejor podían evaluar a los reclusos por una fracción del costo, estudiaron la opción y la encontraron insatisfactoria.
Dijo que los tipos de pacientes que los jueces habían ordenado fueran llevados al hospital estaban agudamente mal y que “era mas urgente” que antes.
El dinero permitirá a la larga lista de 82 reclusos que sean atendidos para la mitad de marzo, segun Liz McDonough, portavoz para el departamento de servicios humanitarios.
Los funcionarios estatales predijeron que dentro de un año cualquier persona arrestada que necesite una evaluación la tendrá sin contratiempo -asumiendo que todos los fondos adicionales sean aprobados.
Iris Eytan y Marcus Lock, los fiscales especiales que fueron designados por el juez de Denver Martin Egelhoff, dijeron que la apropiación era un buen comienzo.
Pero Eytan dijo que cree que los 82 reclusos pueden ser movidos al hospital entre seis semanas.
Eytan dijo que en las seciones de mediación que empezarán el 3 de enero, pedirá que los recclusos sean admitidos al hospital lo mas pronto posible.
Se puede comunicar con Howard Pankratz en el número 303-954-1939 o en hpankratz@denverpost.com.
