La potencial implementación del uso obligatorio de una base de datos federal para determinar la situación inmigratoria de empleados podría generar consecuencias negativas para el empresariado y la economía de Colorado, advirtió Tamar Jacoby, presidente de ImmigrationWorks USA, durante una charla el lunes en Denver.
El lunes, Jacoby fue la oradora central del almuerzo ejecutivo de la Cámara de las Américas con el tema “¿Dónde estamos en la batalla por la reforma inmigratoria?”
Jacoby sostuvo que el uso mandatorio de la base de datos federal E-Verify, tanto a nivel nacional como estatal, “Afectará a la fuerza laboral muchas industrias claves y hasta quizá sea una oportunidad para implementar el uso obligatorio de tarjetas de identificación biométricas para todos los trabajadores del país”.
E-Verify permite que un empleador compruebe gratuitamente si un potencial empleado está legalmente en el país y tiene autorización para trabajar en Estados Unidos. “En un mundo ideal el uso de esta base de datos no sería un problema”, dijo, “pero no vivimos en un mundo ideal”.
Los Estados Unidos necesita cerca de 1,5 millones de trabajadores nuevos (inmigrantes) al año para mantener la actual fuerza laboral y para hacer crecer la economía, aunque sólo se otorgan menos de un millón de visas para esos trabajadores, según Jacoby.
Como resultado de ese desfasaje, se crean oportunidades para la contratación de personas indocumentadas, tanto en tareas manuales (construcción, agricultura) como en empleos altamente especializados (computación, ingeniería).
En ese contexto inmigratorio, opinó, el uso obligatorio de E-Verify para todos los casos no ayudará a evitar la llegada de indocumentados.
“Es muy probable que este año, tanto en el congreso federal como en la legislatura estatal, veamos varios proyectos de ley … que se enfoquen en sanciones para los empleadores que contraten a indocumentados y que requieran a todas las compañías sin excepciones el uso de E-Verify”, dijo Jacoby. “Y no me sorprendería que alguna de esas leyes sean aprobadas, porque el enfoque actual con respecto a inmigración es en hacer cumplir la ley y no en impulsar una reforma inmigratoria comprehensiva”.
En Colorado, un 73 por ciento de los 6.115 miembros encuestados por la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB, en inglés), se expresó recientemente a favor de “severas sanciones” para quienes no verifiquen la situación inmigratoria de sus empleados.
Esas sanciones tendrían que ir desde multas hasta la cancelación de la licencia, debido a que “los empleadores que cumplen con la ley no pueden competir con los salarios que pagan quienes no las cumplen”.
Para Jacoby ese argumento es inválido ya que “las deportaciones no crean trabajos”, ya que los trabajadores extranjeros “no compiten con la fuerza laboral estadounidense”.
Carol Hildebrand, ex directora de la filial en Colorado de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, estuvo de acuerdo.
“Una rápida revisión junto con mis colegas de quiénes son trabajadores deportados revela que en muchos casos se trata de techadores, instaladores de paredes de yeso, meseros, lavaplatos y tareas similares. Esos trabajadores, si son reemplazados, lo son por otros inmigrantes, no por estadounidenses”, aseveró.
