ANNAPOLIS, Maryland, EE.UU. (AP) – Una medida que permitiría a algunos inmigrantes indocumentados pagar cuotas para residentes en las universidades de Maryland avanza en la legislatura de esta entidad, cuyo gobernador prometió promulgarla si es aprobada.
El Senado estatal aprobó la medida el lunes con 27 votos a favor y 20 en contra y ahora requiere el visto bueno de la cámara baja antes de llegar al escritorio del gobernador Martin O’Malley.
El proyecto es obra del senador Víctor Ramírez, que inmigró legalmente desde El Salvador cuando era niño. El demócrata dijo durante el debate que oponerse a esta iniciativa no resolvería los problemas relacionados con la presencia de indocumentados en el estado.
“Esto se trata de la educación, no es sobre inmigración”, dijo Ramírez. La iniciativa, agregó, ayudaría a quienes viven en Maryland a alcanzar su máximo potencial y aportar lo más posible al estado.
Los beneficios para los estudiantes son importantes: los estudiantes residentes pagan 8.416 dólares por año a la universidad y los que no lo son pagan 24.831 dólares anuales.
Los críticos de la medida dicen que el tema central es quién subsidia la educación de los estudiantes indocumentados, no si pueden o no ir a la universidad.
“Creo que manda un mensaje terrible a todos en el estado, sobre que puedes violar la ley y recibir beneficios”, dijo el senador republicano Allan Kittleman.
La demócrata Nancy King remarcó que el estado ya está obligado a educar a los hijos de inmigrantes ilegales desde el jardín de infantes al 12mo año.
“Ellos están aquí”, dijo. “Van a vivir aquí, no se van a ir”.
Los críticos dijeron que los costos eran una razón para oponerse al proyecto.
El estado lleva años recortando su presupuesto, recordó el republicano E.J. Pipkin, incluso tuvo que cerrar una clínica de enfermedades mentales como consecuencia de la recesión.
“Pero para esto encontramos el dinero, si aprobamos esta iniciativa”, dijo. “Este proyecto claramente expulsa de nuestras universidades a los que están aquí legalmente”.
La medida costaría unos 800.000 dólares en el año fiscal 2014, 1,6 millones en 2015 y 3,5 millones en 2016.
Desde 2001, diez estados han aprobado leyes que permiten a los indocumentados pagar cuotas de residentes en las universidades públicas: California, Illinois, Kansas, Nebraska, New Mexico, Nueva York, Oklahoma, Texas, Utah y Washington.
