Ruth Goebel fue una esquizofrénica que murió sola en un callejón mojado y lleno de basura hace 23 años. Murió dando gritos en contra de aquellos que la atormentaron.
La memoria de Goebel vivió a través de un juicio que lleva su nombre y que llevó a la creación de programas de tratamientos supervisados por la corte, y que al mismo tiempo hicieron que Denver y el estado dejen de ignorar a personas con enfermedades mentales.
Todo esto cambió hace dos semanas cuando un juez del Distrito de Denver sobreseyó el caso que, cuando fue presentado en 1981, expuso el mal tratamiento dado por el estado y la ciudad a las enfermedades mentales.
El 31 de marzo, el Juez de Distrito Morris Hoffman eliminó 25 años de supervisión por parte de las cortes, lo cual aseguraba los fondos y el personal necesario para programas más efectivos con el fin de tratar a las personas con enfermedades mentales.
La supervisión también prevenía a los legisladores de cortar fondos estatales para ese tipo de programas durante tiempos de bajo presupuesto.
Hoffman eliminó el caso cuando el estado completó todos los requisitos de la corte y aceptó a una persona asignada por la corte para monitorear el progreso de programas desde el 2003.
A lo largo del camino, la corte ha tenido que forzar al estado a cumplir con sus obligaciones, emitiendo una multa por desacato de $1.4 millones en el 2001 debido a que no financiaron adecuadamente el programa.
Ahora, los legisladores que nunca han oído de Ruth Goebel y no saben el por qué ella es tan conocida, tienen el control de cerca de $19 millones para pagar los programas establecidos en su juicio.
Personas que apoyan la causa de la salud mental dicen que no saben si en realidad han ganado algo bueno con esta decisión.
Kristi Mock, directora del Proyecto Goebel, programa creado por el juicio y que está ubicado en el Centro de Salud Mental de Denver, dijo que “el no tener nada por escrito, aún cuando el estado ha dicho que continuaría proveyendo fondos para estos servicios, nos pone en una situación delicada pues no hay la supervisión de la corte.”
Mock agregó que si “se acorta el programa, el impacto sería dramático.”
¿Retrocediendo en el progreso?
Tal medida, de acuerdo con profesionales de la salud mental, podría empujar al sistema hacia atrás, llevándolo a los días de Goebel, llenando las calles de la ciudad, cárceles, y hospitales con cientos de personas que necesitan cuidados especializados.
Kathleen Mullen, abogada de Denver, quien inició ese juicio como consejera principal para la Sociedad de Ayuda Legal de Denver, dijo que “ha tomado mucho tiempo el construir lo que tenemos ahora.”
Ella agregó que “ésta es una población vulnerable. Me preocupa lo que les pueda suceder.”
El Dr. Edmund Casper, ex-director de la psiquiatría del Centro de Salud de Denver y uno de los primeros defensores del juicio, calificó la terminación del juicio como “desastrosa.”
Casper dijo que “el sistema de salud mental fue demolido por el juicio, excepto por el pequeño grupo Goebel. El remover ahora la financiación ordenada por la corte significa que todo tendría que empezar desde cero.”
La Legislatura ha comprometido $19 millones para financiar los programas Goebel durante el próximo año, pero ésta asignación se realizó en noviembre antes de que Hoffman diera por terminado el caso.
Liz McDonough, portavoz de los Servicios Humanos del Estado dijo que “nos hemos comprometido ha mantener el mismo nivel de servicio en el futuro inmediato.”
Los abogados de Goebel han entablado un juicio en contra del Departamento de Servicios Humanos de Colorado y de Denver. Estas instituciones proveen los fondos para programas de salud mental a través de todo el estado.
El caso fue resuelto en 1994, pero repetidas mociones y acciones de la Corte lo han mantenido con vida.
El juicio permitió cambios en unos 1,600 de los enfermos mentales más necesitados de Denver, conocidos como “clientes de Goebel”, que son cuidados, hospedados, y monitoreados.
Muchos de esos cambios son el producto del descuido e influencia de la corte.
Los programas Goebel se componen de una serie de servicios ofrecidos por 250 trabajadores sociales, psicólogos, doctores y enfermeras especializados en el cuidado intensivo, habilidades para vivir independientemente, y respuesta inmediata a crisis.
Todos los servicios tienen como fin el ayudar a los clientes de Goebel a vivir de la manera más independiente posible.
Hoy día, seis de los ocho demandantes que se unieron a Goebel, como Lash Jackson, Bill Pemberton y Lawrence Stapleton, viven en casas de asistencia creadas por el juicio.
Sin esta opción, dicen sus trabajadores sociales, éstas personas probablemente estarían en hospitales estatales o muertos.
Otro de los demandantes ha muerto y otro se cambió de residencia.
Ruth Goebel murió arrastrándose en un frío y mojado callejón de Denver, entre las calles Cherokee y Bannock, en noviembre de 1,983; dos años depués de haber empezado el juicio.
Congelada y enferma, la mujer de 49 años de edad murió de una insuficiencia cardíaca congestiva y enfisema.
Siendo paciente con una enfermedad mental crónica, Goebel inició un juicio en contra de la Ciudad, pues se decía que ésta iba a cerrar varios programas comunitarios para personas con enfermedades mentales debido a una crisis presupuestaria.
Mullen, abogada de Goebel, dijo que “ella fue la epítome del asunto.” Agregó que “ella murió congelada en un callejón y nunca recibió el tratamiento que ella merecía. El sistema le falló.”
El caso se convirtió en un juicio de clase en favor de aproximadamente 5,000 personas con enfermedades mentales del noroeste de Denver y el área de Capitol Hill. Los programas de salud mental son principalmente pagados por Medicaid, un programa médico federal para personas pobres que es manejado por el Estado.
Denver fue subcontratado por el Estado para proveer servicios de salud mental durante el juicio de Goebel. .
Denver dejó el negocio de la salud mental después que el juicio fuera presentado.
El contrato fue eventualmente tomado por el Centro de Salud Mental de Denver, un consorcio privado de hospitales y casas asistenciales de salud localizados a través de la ciudad.
“La gente vulnerable es la que no tiene voz.”
El asunto principal era si es que la Ciudad y el Estado tienen la obligación de ofrecer a la gente de Goebel más servicios que los ofrecidos por hospitales, aun cuando el paciente no quiera aceptarlos.
El juicio acusaba a las agencias gubernamentales de ignorar las necesidades mentales de los ciudadanos.
El abogado de Ayuda Legal, James Dean, dijo en una entrevista que “ellos son abandonados en casas asistenciales, hogares para ancianos, o apartamentos aislados de muy baja calidad.”
Agregó, “cientos más están sin hogar y se encuentran vagando por las calles.”
Cuando se llegó a un acuerdo en el caso, se estableció un plan en el que se proveería tratamiento y servicios a unas 1,600 personas con enfermedades mentales, aproximadamente la mitad de esta población. “Eso es todo lo que pudimos obtener,” dijo Mullen.
El acuerdo fue seguido por una serie de escaramuzas que pusieron a la Corte en contra del Estado, hasta que finalmente se alcanzaron los estándares de la Corte y el caso fue dado por terminado.
“Estas son personas muy vulnerables, personas sin voz,” dijo Mullen. “Al ver el éxito del programa, uno pensaría que la comunidad diría que no hay que cerrarlo, sino más bien desarrollarlo más.”
El escritor David Migoya puede ser contactado al 303-820-1506 ó al dmigoya@denverpost.com.
