En anticipación de la sesión especial de esta semana sobre la inmigración ilegal, el comité presupuestario estatal controlado por los demócratas planean interrogar a los directivos del gabinete del gobernador republicano Bill Owens para determinar cuánto gasta el estado en servicios a inmigrantes ilegales.
El comité ha pedido a siete directores ejecutivos de algunos de los departamentos más grandes del estado de testificar el miércoles, un día antes del empiece de la sesión especial. El departamento judicial y la oficina de la secretaría del estado también están programados para comparecer.
El comité espera obtener respuestas de los departamentos, como el de la salud, correcciones, e impuestos (ingresos) internos, a las siguientes cuatro preguntas:
¿Qué servicios proveen los departamentos y cuáles son los costos?
¿Cómo se pagan esos costos?
¿Cuánto costaría identificar a los solicitantes antes de proveer los servicios?
¿Cuántos miembros nuevos del personal se necesitarían?
Esas preguntas han sido el punto crucial del debate en cómo limitar los servicios a los inmigrantes ilegales mientras los responsables de tomar decisiones intentan entender cuán grande realmente es el problema. Pero las respuestas han sido muy escasas en cuantía.
“Estamos intentando obtener respuestas en buena fe para que podamos tomar decisiones bien informadas sobre estos proyectos de ley,” dijo el portavoz de la Cámara Andrew Romanoff.
Dan Hopkins, el portavoz de Owens, dijo que los directores ejecutivos “estarán felices de cooperar,” pero dijo que no sabía cuántos estarían disponibles para testificar.
“Creo que una parte de esta información va a ser muy difícil de obtener para el día 5, especialmente por ser un fin de semana feriado,” dijo Hopkins.
Owens fue incapaz de decir cuánto está gastando esta administración en dichos servicios.
Pero eso no ha parado a grupos de afuera de intentar cuantificar los costos.
El Centro de Políticas Bell (Bell Policy Center) – un grupo de expertos independiente opuesto a una medida de votación caduca para limitar servicios – publicó ayer viernes su propio análisis cuya conclusión dice que el estado y los gobiernos locales proveyeron $225 millones anualmente a servicios para los inmigrantes ilegales en Colorado.
Esos servicios – educación vía las escuelas públicas, atención médica de emergencia, y encarcelación de prisioneros – son mandados por la ley federal.
Al mismo tiempo, los inmigrantes ilegales en Colorado pagan unas grandes cantidades en impuestos de venta, propiedades, y sobre la renta. Los directivos de Bell calculan que pagan entre $159 a $194 millones al año.
“Es probable que se acerque a un balance,” dijo Wade Buchanan, Presidente del Centro de Políticas Bell.
Buchanan concedió que el contar los costos exactos y los impuestos sobre la renta era dificultoso en parte porque los directivos estatales y locales no chequean la ciudadanía en cada programa.
El periodista Mark P. Couch contribuyó a este reportaje.
Se puede comunicar con el escritor Chris Frates al cfrates@denverpost.com ó 303-820-1633.
Audiencias de Colorado, una de tantas
Colorado albergará las audiencias del Senado sobre la inmigración en agosto, según Sean Conway, jefe de personal del Sen. Wayne Allard.
El presidente judicial del Senado, Arlen Specter, escribió a Allard ayer viernes, respondiendo a su petición de mantener audiencias en Colorado. Los detalles como las fechas exactas, localidad dentro del estado o posibles testigos no pudieron ser determinados el viernes.
La audiencia sería una de las tantas sesiones que empezaron la semana pasada y que serán continuadas a lo largo del verano. Los líderes congresistas dicen que hasta ocho o nueve comités de la Cámara convocarán audiencias sobre el proyecto de ley de la inmigración, y el Comité Judicial del Senado ya ha anunciado que, como añadidura a Colorado, convocará una audiencia en Pennsylvania este verano.
