El suprimir a 50,000 inmigrantes ilegales de las listas de los servicios sociales de Colorado – y confirmar que los más de un millón de los otros que obtienen servicios son legítimos – podría tardar hasta un año para llevarse a cabo, dicen los directivos del estado.
La legislatura aprobó un proyecto de ley este lunes pasado – y el gobernador, Bill Owens, dijo que lo iba a firmar – en el cual se requiere a toda persona que está recibiendo asistencia financiera, asistencia social, o incluso ayuda en la prevención de desahucio demostrar que son residentes legales.
Owens calcula que unas 50,000 personas indocumentadas están obteniendo beneficios públicos.
Pero los mejores directivos de los servicios sociales del estado dicen que el reducir ese número debe de ocurrir con el tiempo, no en masa. Eso es porque el proyecto de ley es relevante para los nuevos aplicantes y aquellos que deben de ser re-certificados asiduamente.
Como la re-certificación ocurre en intervalos diferentes dependiendo del programa, purgando a los inmigrantes ilegales mientras sus casos salen a la luz periódicamente podría tardar hasta un año.
“Es razonable esperar que para entonces habremos encontrado a todas las personas que no debe de estar recibiendo beneficios,” dijo la portavoz del Departamento de Servicios Humanos, Liz McDonough.
Como media, el estado tramita unas 30,000 aplicaciones nuevas para recibir ayuda cada mes y 40,000 re-certificaciones.
La clave para DHS es tener un plan que prevendría a miles de personas de congestionar las agencias de servicios sociales mientras intentan probar su residencia legal o ciudadanía, dijo McDonough.
Los programas tales como Ayuda Temporal para las Familias Necesitadas (Temporary Aid to Needy Families) requieren a los recipientes de re-certificar su elegibilidad cada mes. Hasta ahora, eso se ha hecho por correo.
Bajo este proyecto de ley, los recipientes y aplicantes deben atestar por escrito, empezando el 1 de agosto, que están en este país legalmente y deben proveer o una licencia de manejo de Colorado, una tarjeta de identificación estatal o militar, o un documento de un tribu Indígena.
“Para los condados encargarse de ello, esto puede ser una cosa muy difícil,” dijo McDonough. “Estamos intentando prevenir una pesadilla.”
Los legisladores lo llaman una de las leyes de reforma de la inmigración más duras en América, pero ha dejado a los empleados del gobierno corriendo para determinar cómo realmente se llevará a cabo la purga de asistencia social.
Los jefes del Departamento de Servicios Humanos que se reunieron ayer miércoles para discutir su implementación, esperan que se distribuyan nuevas reglas a los proveedores de servicios sociales en los condados una vez Owens lo haya firmado y convertido en una ley, dijo McDonough.
El estado vigila los programas de asistencia social y los condados los administra.
Aunque otros programas de dinero, tal y como la prevención de desahucio o asistencia con la energía, son una red de seguridad de una sola vez, cada aplicante deberá producir pruebas de su residencia legal.
El estado ya está filtrando a los aplicantes recibiendo asistencia social al chequear los números de la Seguridad Social y tarjetas de residencia de extranjeros con el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. (U.S. Department of Homeland Security) para asegurar que concuerdan las demografías.
“Nos aseguramos que una tarjeta de un hombre, por ejemplo, no vuelva perteneciendo a una niña de 6 meses,” dijo McDonough.
Los funcionarios del DHS se toparon con un badén a principios de su reunión ayer miércoles.
El proyecto de ley dice que sólo los nuevos aplicantes deben presentar identificación, y no aquellos que ya están recibiendo asistencia pública. Eso significaría que recipientes ilegales de asistencia social continuarían obteniéndolo.
“Eso es cuando miramos la intención legislativa y nos es claro ahora que también se aplica a las re-certificaciones,” dijo McDonough.
Lo que también está poco esclarecido es la efectividad del sistema de rastreo de beneficios del estado, un programa informatizado conocido como CBMS. El detallado sistema ha tenido una buena dosis de problemas técnicos, casi todos relacionados a su programación.
El sistema no rastrea si un recipiente de beneficios es un residente legal. Puede que eso cambia, pero sólo si lo pide DHS, dijo el director de CBMS, John Witwer.
“Ellos determinarán la política y nosotros la implantaremos,” dijo Witwer del departamento.
Se puede comunicar con el escritor David Migoya al 303-820-1506 ó al dmigoya@denverpost.com.
