Los trabajadores empacadores de carne detenidos durante las redadas federales de la semana pasado se presentaron ante los jueces de inmigración el martes en Colorado y en otros cinco estdados.
Algunos fueron liberados después que sus parientes pagaron $1,500 de fianza. En Colorado, el juez Donn Livingston visitó a 27 de los detenidos en la instalación regional de detención en Aurora para programar audiencias para informales de los cargos presentado en su contra.
Mientras tanto, un gran jurado federal en Minnesota acusaron a 20 trabajadores detenidos por faltas criminales de inmigración y otros cargos relacionado con el robo de identidad.
Ahora, las mismas autoridades de inmigración -quienes la semana pasada entraron a seis plantas de Swift & Co en Greeley y en otros estados basadas en alegaciones de que los indocumentados se habían robado identidades de ciudadanos estadounidenses, para conseguir trabajos- también afrontan desafíos en las cortes federales.
Líderes de sindicatos laborales representando a los trabajadores en Colorado le han pedido a un juez federal que los liberen, argumentando que los trabajados fueron maltratados y que fueron negados a acudir abogados.
Las redadas constituyeron “un abuso exorbitante del poder policial” y la investigación criminal del gobierno sobre el robo de identidad “funcionó como un caballo de Troya asi para efectuar una redada”, escrito en una demanda presentada por el sindicato United Food and Commercial Workers Union Local 7.
John Kane, el juez de la corte del Distrito, ha ordenado que los inmigrantes detenidos de la planta de Greeley se queden bajo su jurisdicción, pero el sindicato dijo que algunos fueron llevados fuera de la ciudad. Los funcionarios del sindicato dijo que el martes, Kane les pidió a propocionar más detalles sobre sus alegaciones.
Algunos 75 de los 260 trabajadores detenidos en Greeley ya han regresado a México.
Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han entablado una respuesta legal, en la que dice que le dijeron a los detenidas la causa de su arresto, dieron permiso para usar teléfonos y que les aconsejaron a conseguir ayuda legal.
Los funcionarios del ICE rutinariamente trasladaron a los indocumentados detenidos por todo el país para encontrar camas.
El martes, el representante estadounidense, Tom Tancredo pidió para más redadas y le urgió al gobierno a que ponga en el blanco los gerentes quienes contratan a trabajadores indocumentados.
“Este tipo de acción por parte del ICE ha estado ausente durante la última década y les incito a expandir tales operaciones a las otras industrias”, escribió Tancredo, republicano, en una correspondecia dirigida a Julie Myers, secretaria asistente del ICE.
“Muchos en la industria de la agricultura prefieren usar labor ilegal a pesar de la disponabilidad de trabajadores legales a través del programa H-21 (trabajdor huésped), el cual, como sabes, no tiene un límite. Yo creo que una investigación revelaría que el robo de identidad corre proliferado en muchos sectores e industrias, no solo en el empace de carne”, dijo Tancredo.
Y “pone a prueba la credulidad”, él dijo, a sugerir que tantos trabajadores indocumentados en Swift “podrían estar trabajando en seis plantes, sin que se de cuenta la administración de la compañía”, como ha reclamado la compañía.
