La nueva ley de Colorado que prohibe gastar dinero estatal en inmigrantes indocumentados ha costado más de $2 millones para llevar a cabo -y no le ha ayudado al estado en nada.
A menos de un año de debates politicos muy cargados, funcionarios están reportando altos costos, ninguna solución y problemas no esperados con las nuevas leyes.
El que una vez fue mostrado como el paquete anti-inmigración más duro del pais por los republicanos y los demócratas, ahora se está desmoronando.
“Estamos viendo que muy pocos de los departamentos donde estas propuestas de ley han tenido un efecto mayor”, dijo el senador Abel Tapia, D-Pueblo, presidente del Comité de Presupuesto.
La pieza central del esfuerzo era el Proyecto 1023, el cual prohibiría gastar dinero del contribuyente en inmigrantes indocumentados excepto en casos requeridos por el gobierno federal.
Para darse cuenta de que el proyecto está funcionando, el comité de presupuesto le pidió a cada departamento reportar cuanto estaba gastando para enforzar la ley y cuanto estaba ahorrando a consecuencia de esta.
El resultado: 18 departamentos reportaron agregar $2.03 millones en costos mientras que no estaban ahorrando nada de dinero. Ningún departamento pudo decir a cuantos inmigrantes indocumentados, si es que los había, se les estaban negando servicios pagados por el estado. Los legisladores expresaron puntos de vista mixtos acerca del reporte.
El senador David Schultheis, R-Colorado Springs, quien está pidiendo una prohibición más dura, dijo que cree que los departamentos están ocultando información.
“Probablemente estén jugando rápido y suelto con las estadísticas por razones ideológicas”, dijo Schultheis.
Tapia dijo no estar sorprendido.
“Yo pensé que era un desperdicio de dinero cuando lo comenzamos a hacer”, dijo el, “pero no creo que el público general creía que el estado estaba gastando dinero en inmigrantes indocumentados”.
La senadora Joan Fitzgerald, D-Jefferson, dijo que los departamentos debieron haber reportado esa información antes de la sesión especial del año pasado.
“Hubiera estado muy bien haber tenido esta información antes de que el gobernador (Bill) Owens nos hubiera llamado para una sesión especial”, dijo ella.
La JBC tuvo una auditoría especial la tarde de la sesión especial para obtener esa información de los cabezas de esos departamentos, pero se les dijo a los legisladores que esa información no estaba disponible.
Cuando el proyecto 1023 pasó, el único costo identificado fué el de $6,600 -la cantidad estimada que tomaría para enlistar a todos los departamentos estatales en un programa federal que proveería verificación de inmigración y ciudadanía.
Un proyecto de ley del 2005 que pedía algo más fuerte en los servicios – incluyendo recortes a la asistencia social de menores y libertad condicional, entre otros servicios -ha estimado un precio de $4.3 millones y ha agregado 87 empleados a la nómina estatal.
El gasto incrementado -casi debido a costos de comenzar la ley- no es el único problema con las medidas de inmigración aceptadas por la legislatura o aprobadas por los votantes el año pasado.
El gasto también ha forzado a que algunos distritos de las escuelas públicas cancelen a oradores de otros estados. Es esos casos, los oradores viven en estados donde los documentos para recibir una licencia de conducir no son tan estringentes para identificar como Colorado bajo la nueva ley.
Otras dos leyes de inmigración han desconcertado a la oficina del abogado general de Colorado.
En noviembre, la oficina del abogado general John Suthers reconoció que no ha estado llevando a cabo la ley de anti-falsificación debido a la falta de fondos.
Esa ley ordena que el abogado general haga multas de al menos $50,000 de la gente que falsifica documentos que ayudan a inmigrantes indocumentados a conseguir trabajo.
Y al comenzar el mes, Suthers le dijo a los legisladores que un referendo de inmigración aprobado por los votantes estaba destinado a fallar.
Esa medida -Referendum K en la boleta de noviembre- ordenó a Suthers a demandar al gobierno federal a demandar que se cumplieran las leyes existentes.
El martes, la oficina de Suthers pidió fondos de emergencia de $46,191 para cubrir los costos de perseguir la demanda, aún después de concluir que tal caso es probable que sea descartado antes del juicio.
Se puede comunicar con Mark P. Couck en el numero 303-954-1794 o en mcouch@denverpost.com.
Reportes de los costos de los departamentos
El estado de Colorado ha gastado aproximadamente $2 millones para cumplir con una nueva ley que sería para detener los gastos en inmigrantes indocumentados. Hasta ahora, ningún departamento ha reportado ahorros. Aquí está un análisis del dinero gastado, por departamento.
Agricultura: al menos $300
ܳó: n/d*
Gobernador: n/d
Cuidado médico y financiamiento: $87,287
Educación más alta: n/d
Servicios humanitarios – Servicios administrativos del condado: $173,000
Servicios humanitarios – Pensión de edad avanzada: $101,557
Servicios humanitarios – Abuso de drogas y alcohol: $24,900
Servicios humanitarios – Programa de asistencia de energia para personas de bajos recursos: $52,254.56
Servicios humanitarios – CBMS: $23,377
Labor y empleo: $374,828
Ley: No más de $300
Asuntos locales: $0
Asuntos de militares y veteranos: $0
Recursos naturales: posiblemente $368,059
Admistración y personal: $0
Salud pública y medio ambiente: $73,362
Agencias regulatorias: $378,107
Ingresos: $372,533
Estado: $0
Transporte: $0
*Información para algunos departamentos no fue disponible.
