NUEVA YORK (AP) – Luis Carlos Arellano notó que las cosas cambiaron en Phoenix después de la aprobación el año pasado de una controvertida ley para combatir a los indocumentados.
Varios negocios hispanos cerraron. Oía hablar de inmigrantes que hacían las maletas y se mudaban a Nuevo México. Se cancelaron cumbres y conferencias de negocios. Y empezó a ver que la oficina del vicealcalde para la cual trabajaba recaudaba menos en impuestos.
“Los hispanos tomaron esa ley de forma muy personal. Afectó su moral”, dijo Arellano, de 26 años, y quien hasta diciembre del 2010 trabajó como coordinador de asuntos hispanos del vicealcalde Michael Nowakowski y ahora planea montar una empresa de consultoría política. “Fue un año muy agitado”, añadió este mexicano de Nogales, que vino a Arizona con su familia a los cinco años.
La ley SB 1070 exige a la policía que, al hacer cumplir las leyes, investigue el estatus migratorio de personas que sospecha podrían estar en el país ilegalmente.
Generó muchos temores y hubo hispanos se fueron del estado. El Centro Hispano Pew (Pew Hispanic Center), con sede en Washington, asegura que en Arizona había unos 500.000 inmigrantes indocumentados en el 2008 y que en el 2010 el número cayó a 400.000, aunque la mala economía podría ser también uno de los factores de la marcha.
Si bien la ley de Arizona está siendo debatida en las cortes, en al menos 20 estados se han presentado proyectos inspirados en la SB 1070. En cinco de ellos – Indiana, Kentucky, Mississipi, Nebraska y South Carolina- hay posibilidades de que estas leyes sean aprobadas, según los últimos datos del Foro Nacional deInmigración (National Immigration Forum), una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes que monitorea la situación en cada estado.
Legisladores de estos estados aseguran que están llenando un vacío. Dicen que si el gobierno nacional no hace lo suficiente para frenar la llegada de indocumentados, no les queda más remedio que ponerse manos a la obra ellos mismos, aprobando sus propias medidas.
“Lo que estamos viendo es que hay varios legisladores como yo que están básicamente hartos de la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para solucionar el problema de la inmigración ilegal, que francamente, está fuera de control”, dijo Randy Terril, un republicano miembro de la cámara baja de Oklahoma.
“Yo lo llamo federalismo en acción: los estados asumen la responsabilidad porque el gobierno (nacional) no puede o no lo hace”, aseguró Terril a The Associated Press.
Terril presentó este año una medida llamada “Arizona Plus”, que además de contener los mismos elementos que la ley de Arizona, permitirá la incautación de los vehículos o propiedades usados para transportar, proteger o esconder a indocumentados, entre otras cosas.
“Trataríamos a los inmigrantes ilegales como contrabando humano. En la práctica, no es distinto de cuando alguien transporta algún otro tipo de contrabando, como drogas ilegales, o usan su propiedad para facilitar algún delito”, dijo Terril. La medida ha sido aprobada en el Senado estatal, pero aún ha de llegar a la cámara baja de Oklahoma.
La llegada de más republicanos a las asambleas estatales han propiciado las iniciativas, aseguran los activistas.
Muchos legisladores argumentan que los indocumentados aumentan los niveles de criminalidad y dejan a los estadounidenses sin trabajo.
Los esfuerzos para frenar la llegada de indocumentados se ha reflejado también en las propuestas de anular la ciudadanía estadounidense automática a bebés nacidos en el país con padres indocumentados. Legisladores de Oklahoma, Georgia, Arizona, Pennsylvania y South Carolina ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en enero para promover esa propuesta, que algunos sectores califican de inconstitucional.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes – reunidas en una coalición de 800 agrupaciones llamada Reforma Migratoria PRO América – están trabajando con organizaciones locales para frenar las propuestas estatales.
“Hay muchos deseos de imponer mano dura en temas de inmigración”, opinó Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración. “Y hay estados que no se sienten inhibidos por el enredo jurídico que tiene Arizona”.
Grupos como el suyo alegan que las medidas ya han costado millones de dólares a los estados.
Un estudio del Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress) reportó en noviembre del año pasado que Arizona perdió los 217 millones de dólares que hubieran gastado los participantes en convenciones que fueron canceladas al anunciarse la ley SB 1070.
Debido a esas cancelaciones, se perdieron 4.236 puestos de trabajo, dejaron de ingresar 133 millones de dólares a la economía local y la recaudación de impuestos bajó 14,4 millones de dólares en los meses posteriores a la firma de la ley por la gobernadora Jan Brewer, según reportó el estudio “Stop The Conference”.
“Otros estados que consideran legislación migratoria deberían evitar tomar medidas apresuradas como la SB 1070 y entender las consecuencias económicas y fiscales potencialmente desastrosas de esa decisión”, señaló el reporte.
En estados como Wyoming, Colorado, South Dakota y Nuevo Hampshire las iniciativas no tuvieron éxito.
Los motivos no fueron tan sólo económicos.
Según Jennifer Allen, directora ejecutiva del grupo Border Action Network, en Tucson, Arizona, la ley “deshumanizó” a muchos inmigrantes que contribuían al desarrollo del estado y promovió la categorización racial.
Su organización creó un línea telefónica a la cual se puede llamar para reportar “casos de abusos” por parte de las autoridades del estado. Desde mayo del 2010, unas 100 personas han hecho denunciado, pero Allen sospecha que la cantidad de abusos es mucho mayor, ya que no muchos hispanos no se atreven a llamar.
La semana pasada el senador Russell Pearce presentó en Arizona un nuevo paquete de medidas – el SB1611 – que obligaría a los padres ha demostrar que sus hijos se encuentran legalmente en el país cuando les ingresan en la escuela, entre otras propuestas que generaron protestas.
Allen dijo que la gente que habla español en espacios públicos siente ahora que está siendo observada y que la ley ha restringido las vidas de muchos.
“La gente no quiere aventurarse muy lejos de sus casas”, dijo. “Se ha roto el tejido social que existía”.
