Washington – Republicanos de la Cámara descartó su plan para dejar a las compañías minadoras comprar terreno público después de que la propuesta provocó críticas de cazadores y pescadores.
La legislación dio miedo entre los grupos de actividades al aire libre, junto con activistas ecológicos y comisarios occidentales del condado, diciendo que podría causar una venta de liquidación maciza de terreno público alrededor del oeste.
El autor de la propuesta, el representante. Jim Gibbons, republicano de Nevada, había descartado esas preocupaciones como “histericas.” Pero continuaron a aumentar. Poco antes retirar la propuesta esta tarde, 756 grupos de caza anunciaron su oposición para su plan.
Gibbons dijo que en el año siguiente, renovará su empujón para permitir a las companias minadoras que compren terreno por un proceso llamado “patenting.”
“Como he dicho muchas veces, quedamos en un trayecto peligroso mientras que aumentamos nuestra necesidad en fuentes extranjeras de no sólo energía, pero los minerales,” dijo Gibbons. “Este proceso entero ha traído reconocimiento para la necesidad de actualizar la ley minadora.”
Sin embargo, los oponentes dijeron que la atención que recibio Gibbons informó a mucha gente lo que parece ser un gran ganga a las companias mindoras de oro, como Newmont Mining Corp de Denver.
“Esta propuesta resaltó la necesidad de mantener el terreno público, público” dijo Roger Flynn del proyecto Western Mining Action de Lyons. “No necesitamos que la privatización incite la fabricación minadora, hacen bastante dinero en su estado actual”.
En una declaración, Gibbons atribuyó su retiro no para la oposición, pero a un obstáculo procesal. Gibbons habia adjuntado su propuesta a un plan macizo de cinco años que también incluirá taladrar en el Arctic National Wildlife Refuge y cortes para el Medicaid y préstamos estudiantiles.
Los dos senadores de Colorado, Wayne Allard y Ken Salazar, se habían opuesto a la legislación.
“Es imperativa que busquemos aporte del público y trabajar juntos con gente que incluye las companias minadoras, otras usuarios del terreno públic, conservadores, y comunidades y gobiernos locales” en cualquier intento del futuro para cambiar leyes minadoras, dijo Salazar en una declaración.
