Tres personas sentenciadas el lunes por un juez federal por transportar y albergar inmigrantes indocumentados eran contratistas autorizados de labor – de una industria con muy poca atención de el estado o federal.
Oficiales del estado dicen darle licencia a aproximadamente 15 contratistas al año para suplir trabajadores extranjeros a granjas alrededor de Colorado.
En los últimos 18 meses, el Departamento de Labor y Empleo de Colorado ha recibido por lo menos diez quejas acerca de trabajadores, aunque no fue determinado si los contratistas eran los blancos de esas quejas.
Una queja estudiada por medio de una petición de el Denver Post por los records, alega que un contratista en el sudeste de Colorado sin licencia llevó trabajadores indocumentados a una granja y asaltó a uno de ellos.
El juez de distrito Edward Nottingham sentenció el lunes a Moises y Maria Rodríguez de Hudson, aproximadamente a 30 millas al noreste de Denver, a 11 meses en prisión por transportar y albergar inmigrantes ilegales. Se les acreditó por los once meses que ya habían servido en la cárcel y porque no son ciudadanos estadounidenses, enfrentan deportación a México.
Su hijo, Javier, fue sentenciado a tres años de libertad condicional, con arresto domiciliario los primeros seis meses.
Los padres tenían licencia como contratistas de trabajo de granja hasta el fin del año pasado, según lo muestran los récords. En el 2004, agentes condujeron una redada en el complejo de Hudson donde albergaban a trabajadores ilegales traídos de México.
Los fiscales dijeron que Moisés Rodríguez dirigía a trabajadores que lo contactaban de México, diciéndoles donde encontrarse con “coyotes”, quienes los guiaban a cruzar la frontera de EE.UU. con México. Entonces Rodríguez los recogía en el lado americano y con su hijo los llevaba a Colorado. Forzaban a los inmigrantes a trabajar 12 horas diarias sin días libres y deducían “tarifas de pasada” de su pago.
El maltrato de trabajadores a menudo se mantiene escondido. Trabajadores sociales que oyen del abuso y que ponen quejas dicen que no siempre hablan por miedo de represalias en contra de los trabajadores.
Algunos grupos de apoyo a trabajadores se limitan al tratar casos que envuelven a inmigrantes indocumentados porque reciben fondos federales.
Ninguna de las quejas recibidas en los últimos 18 meses ha sido investigada, reconocieron oficiales federales de labor.
El problema: Oficiales de labor de Colorado “no tienen gente” para investigar a los que suplen los trabajadores, dijo Don Peitersen, director de la división de empleo y entrenamiento en el departamento de labor estatal.
Entonces, dicen los oficiales estatales, pasan todas las quejas al Departamento de Trabajo de EE.UU.
Pero revisiones de los records revelan que solo una de las quejas ha sido transferida -la queja recibida en Julio acerca de la actividad sin licencia en el sudeste de Colorado.
El sistema de licencia de contratista fue diseñado para ayudar a empleadores de granjas a asegurarse de que sus trabajadores son legales y para que tengan albergue y transporte adecuados.
Contratistas son requeridos tener una licencia federal y estatal en Colorado. Estas les autorizan reclutar a trabajadores extranjeros, albergarlos y llevarlos a,y de, las zonas de trabajo. Algunas licencias solo pueden hacer algunas de estas cosas.
Quejas que los oficiales estatales de trabajo reciben seguido tratan de trabajadores que no reciben lo que se les debe, transporte sin licencia o albergue de trabajadores, y condiciones de vivienda de poca calidad, dijo Larry Gallegos, protector en el departamento estatal de trabajo.
Dos otras quejas recientes que recibió se trataban de contratistas sin licencia quienes aparentemente traían a trabajadores indocumentados de México a dos granjas en el sur de Colorado. Gallegos dijo que planea pasarlas a autoridades federales pronto usando una forma federal. Recientemente se reunió con funcionarios de trabajo preguntando como preferirían recibir las quejas del estado.
En las oficinas centrales del distrito del Departamento de Trabajo de los EE.UU., Alex Salaiz, director de distrito de la división de salario y horas, emprendió la queja que oficiales estatales le enviaron.
“Las condiciones que usted describe serán investigadas lo mas pronto posible,” escribió. “Desee cuenta de que la investigación puede no estar completa por algún tiempo.”
Cuestiones de trabajo con niños y despidos ilegales toman prioridad federal, dijo Salaiz. Quejas que tratan de trabajadores en granjas serán consideradas, dijo, diciendo que tiene 21 investigadores para un área de tres estados.
“No podemos reaccionar al menos que exista una queja,” él dijo “…Mi sistema no está descompuesto. No sé acerca del estado.”
