El Fiscal General de Colorado John Suthers -citando falta de financiamiento- no ha estado aplicando una de las leyes principales de la legislatura en contra de la inmigración de ilegales.
La nueva ley ordena al fiscal general a imponer multas civiles de por lo menos $50,000 a aquellas personas que falsifiquen documentos que ayuden a inmigrantes ilegales a conseguir empleos. Las autoridades locales son las responsables de imponer las condenas criminales y la falsificación se mantiene como un crimen.
Pero la oficina de Suthers no ha contratado a los empleados aprobados por la ley, no ha perseguido casos civiles de supuesta falsificación y no ha recaudado ninguna multa.
“Estamos ansiosos de empezar a aplicar esta ley,” dijo Kristen Holtzman, portavoz de Suthers. “Sin embargo, sin los recursos necesarios, no es posible. Estamos buscando los fondos para hacerlo.”
Sin embargo hasta el día martes, la oficina del fiscal general no había contactado a los oficiales de la policía acerca de cuales casos de falsificación debe investigar -después de que un reportero llamó a hacer preguntas acerca de esta ley.
“Hemos realizado una investigación, por parte de la oficina del fiscal del distrito, para ver los casos civiles que están pendientes y los podamos revisar, con el fin de recuperar algunos costos,” dijo Holtzman.
La falla de Suthers de proseguir con estos casos con prontitud, está preocupando a los líderes demócratas del senado.
“Estoy muy sorprendida de que de todas las personas, el fiscal de estado no esté obedeciendo la ley,” dijo la presidenta del Senado, Joan Fitz-Gerald, demócrata del condado Jefferson. “Estoy desilusionada de que él no se haya involucrado en el caso de que personas que están haciendo documentos fraudulentos.”
El presidente de la Cámara de Representantes Andrew Romanoff, demócrata de Denver, quien co-auspició la ley dijo: “Creo que la falsificación es un gran problema y esta ley provee una herramienta para luchar contra ella. Si es que el fiscal general piensa que no tenemos los recursos suficientes, él debería decírnoslo para poder arreglar el problema. Pero el no hacer nada no es una solución.”
Dentro de la ley que fue aprobada este año, las multas fueron promovidas como una manera de combatir la inmigración ilegal.
No puede decir que los legisladores no fueron advertidos de que la ley tenía problemas. Un informe del personal encontró que el impacto financiero de esta multa -que tiene por objeto proveer los fondos para que esta a su vez sea aplicada- daría resultados mínimos.
“Aun cuando no se conoce el número de personas que estarían sujetas a estos cargos, no se espera que la ley aumente de manera significativa los ingresos estatales, principalmente porque no se espera que las personas que sean acusadas de este delito, tengan muchos recursos para pagar la multa y los costos de un abogado,” indicó el informe.
Aun así la oficina del fiscal del estado nunca testifico durante las audiencias legislativas en cuanto a los potenciales problemas con respecto a la falta de fondos.
El fondo inicial de -$68,879- debería haber venido del Fondo Estatal de Estabilización Judicial.
En septiembre, el administrador estatal de la corte dijo que no había dinero en ese fondo para pagar por la aplicación de esta ley.
El dinero de este fondo viene de tarifas de casos legales y se utiliza para cubrir los gastos operacionales de las cortes.
“En consecuencia, hasta cuando la oficina del Fiscal del Estado deposite dinero a este fondo a través de estas nuevas multas civiles, el fondo no puede cubrir los $68,879 asociados con esta ley, sin tener que recortar el número actual personal que trabaja en la corte,” escribió David Kribs, funcionario de presupuesto del rama judicial de Colorado.
El presupuesto anual del fiscal general busca $91,208 para el próximo año, con el fin de añadir un abogado más a las 14 personas que conforman la unidad de fraude al consumidor. Funcionarios de presupuesto estatal dijeron que algunas leyes no están siendo aplicadas.
Al mismo tiempo, la oficina del fiscal general promueve su apoyo a batallas legales en otros estados que defienden la prohibición del matrimonio homosexual y la recitación voluntaria del Pledge of Allegiance. La oficina del fiscal general indicó que estos costos son mínimos, pero que no sabe cuánto es que se gasta en estos asuntos.
Se puede comunicar con el escritor Mark P. Couch al 303-954-1794 o mcouch@denverpost.com.
